Aborto: el Gobierno enviaría el proyecto antes de fin de mes

El anuncio lo haría el propio Presidente

Alberto Fernández quiere mandar al Congreso la IVE junto al “plan de los mil días”, de asistencia estatal a embarazadas que quieran continuar la gestación. Las reuniones por el tema.
Imagen: Télam

El Gobierno enviaría antes de que termine el mes de octubre finalmente el proyecto de despenalización y legalización del aborto al Congreso, aunque en la Casa Rosada nadie se atreve a confirmar la fecha. El presidente Alberto Fernández quiere mandar, junto con esa iniciativa que fue una promesa electoral, otra que anunció en la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo, y es el Plan de los 1000 días que establece la asistencia del Estado a embarazadas en situación de vulnerabilidad para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de las mujeres gestantes y de sus hijos o hijas durante ese período, con la idea de que no recurran al aborto por ser pobres si tienen el deseo de ser madres y así hacer un guiño a los “celestes”. En la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza Vilma Ibarra, le están dando las últimas puntadas a ese proyecto. Mientras tanto, en el Congreso ya se está analizando la estrategia de tratamiento legislativo para que antes de que termine el período de sesiones ordinarias pueda debatirse y obtener media sanción: lo que no está definido aún es cuál sería la cámara de ingreso, si Diputados o Senado.

El jueves, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se reunió con la vicepresidenta y titular de la cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, para hablar del tema. En el oficialismo acuerdan en que si no se trata este año, no podrá discutirse en el 2021 por ser año electoral y a esta altura es difícil pensar en otra oportunidad cercana para dar este debate. El miércoles por la tarde en una reunión con el consejo de asesores presidenciales, Alberto Fernández escuchó argumentos que apuntaron a convencerlo de que no puede dejar pasar este año para promover la sanción. Estuvieron el jefe de asesores, Juan Manuel Olmos –que dijo que lo había convencido su hija de apoyar el derecho al aborto–, y su vicejefe Julián Leunda, la socióloga y referente feminista Dora Barrancos, el filósofo Ricardo Forster, el antropólogo Alejandro Grimson, la politóloga Cecilia Nicolini y la ex viceministra de Educación, Adriana Puiggrós, que se sumó recientemente al grupo de asesores. Se habló de la posible visita del papa Francisco el año próximo al país y cómo podía impactar la aprobación de una ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo en el Vaticano, del poroteo en ambas cámaras y el escenario que podría darse y de cómo podría afectar al Gobierno si no se llegara a sumar los votos necesarios para la aprobación. “Fracaso es no presentar el proyecto”, fue una de las frases que sonaron en el encuentro.

En las dos cámaras se está tejiendo la estrategia parlamentaria. En Diputados, el proyecto de IVE tendrá giro, seguramente, en tres comisiones, todas ellas presididas por “verdes” del oficialismo: Mujer y Diversidades (Mónica Macha), Salud (Pablo Yedlin) y Legislación Penal (Carolina Gaillard). En el Senado, en 2018, dictaminaron las comisiones de Salud, Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, las dos últimas están encabezadas por “verdes” del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) y Oscar Parrilli (Neuquén); la primera es radical y celeste, a cargo de Mario Fiad (Jujuy).

“Estamos en mejores condiciones que hace dos años en el Senado. La sociedad está más madura y tiene menos resistencia hacia el tema. Si ya está decidido en el Gobierno mandar el proyecto, que sea cuanto antes”, consideró una espada kirchnerista del Senado. En 2018, el proyecto de IVE, con media sanción de Diputados, no fue aprobado en la cámara Alta por cinco votos.

Los dictámenes de las comisiones, según el reglamento de la Cámara de Diputados, deben sacarse antes del 20 de noviembre. El proyecto podría también tratarse en extraordinarias si hay decisión política de efectivamente convertirlo en ley.

En los últimos días, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto redobló su reclamo al presidente para que cumpla con su promesa. Esta semana, salió en redes sociales a interpelar directamente al mandatario: “Apretá el botón verde”, dice uno de los flyers con la imagen de Alberto Fernández, que se viralizaron. Incluso, una de sus referentes históricas de la Campaña, Marta Alanís, comentó a Página/12 que analizan volver a movilizar para que la marea verde se exprese masivamente en las calles, como forma de presión, una decisión que hasta ahora evitaron para respetar el aislamiento social preventivo que pide el Gobierno en el contexto de pandemia por coronavirus.

“Estamos hablando con todo el arco político y realmente sabemos que la transversalidad es una herramienta fundamental para la aprobación del proyecto. Por eso construimos puentes dentro del movimiento. Ahora es necesario que las y los decisores den una respuesta positiva a un reclamo de décadas como el aborto legal en Argentina”, dijo a este diario Jenny Durán, una de las voceras de la Campaña e integrante de la comisión de Cabildeo.

En el oficialismo consideran que es legítimo el reclamo de la Campaña. Hasta ahora, el mandatario viene ratificando su apoyo a la sanción de una ley de IVE, pero aclara que decidió postergar el envío del proyecto porque consideraba que no era el momento para dar la discusión cuando el sistema de salud está agotado por la atención de casos de covid-19, y quería que el tratamiento de la despenalización y legalización del aborto se enmarcara desde una perspectiva de salud pública, con protagonismo de las autoridades del Ministerio de Salud.

El texto del proyecto del Ejecutivo no se difundió –se mantiene guardado– pero trascendió que incluiría la despenalización y la legalización del aborto en las primeras semanas de gestación y en los casos ya previstos en el Código Penal, y garantiza la práctica gratuita en hospitales públicos. El encuadre es sanitario: el aborto es un problema de salud pública que debe ser atendido por el Estado.

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