Avances de la última reunión de la Comisión Piedemonte

Desde hace varios años, la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial convoca a reuniones de la Comisión Reguladora de Piedemonte para tratar importantes problemáticas de los cuatro municipios metropolitanos con áreas pedemontanas.

Como ocurre sistemáticamente desde hace varios años, la Secretaría
de Ambiente –a través de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial– convocó a una nueva reunión de la Comisión Reguladora de Piedemonte para tratar importantes problemáticas de Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján, en conjunto con el Gobierno de la Provincia.

La comisión trató temas de infraestructura de servicios en barrios emplazados en el piedemonte desde hace muchos años y, específicamente, abordajes que requieren la intervención de otras dependencias gubernamentales, como Hidráulica, AYSAM, EPRE y EPAS. Además de la necesidad de dotación de equipamiento e infraestructura de servicios de quienes ya viven allí, también se priorizó la mitigación de impactos ambientales de nuevos proyectos a desarrollarse en el piedemonte
metropolitano.

Participaron en la reunión –además de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT)– representantes de los municipios del Área Metropolitana con territorios pedemontanos: Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján.

“Es importante destacar el rol decisivo de esta comisión, ya que a lo largo del tiempo ha mantenido sus tareas de análisis, planificación y toma de decisiones –siempre en el marco del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y otras leyes ambientales– en las problemáticas que desde hace años afligen a la población. Venimos trabajando de forma coordinada atendiendo a la gran complejidad de los temas territoriales pero siempre con miras a agilizar las soluciones para la gente que ya habita el piedemonte y también para que los nuevos usos del suelo no tengan problemas por falta de planificación”, explicó la geógrafa Nadia Rapali, coordinadora de la APOT.

Los técnicos consideran que el piedemonte debe ser abordado de manera interjurisdiccional y gestionado como una sola unidad ambiental. Es un territorio geográfico que presenta claras particularidades e inconvenientes para el asentamiento humano que deben ser atendidos o previstos. “Por ejemplo, sabemos de estudios científicos que demuestran que, con una frecuencia de 200 años, se producen en esta región tormentas de inusual magnitud. Sin conocer estos datos y muchos otros, la población no puede dimensionar los riesgos que implica habitar en cualquier sitio del piedemonte”, aseguró la especialista.

Los beneficios de la actualización legislativa 

En la nueva ley, el área es mayor a las de las leyes vigentes e incluye todas las cuencas. El polígono de superficie comprende 76.699 hectáreas o 766 km2. La actualización normativa para la ocupación del piedemonte contiene zonificaciones que determinan a futuro qué lugares se pueden ocupar, con qué usos y cuáles son las áreas vedadas por razones de seguridad para la población. Define claramente zonas con cauces aluvionales, consideradas de alta y muy alta amenaza y, por lo tanto, impedirá la construcción de viviendas. En zonas de media y baja amenaza se podrá construir bajo ciertas condiciones que cumplan con el desarrollo urbano de bajo impacto.

Esta nueva normativa ayudará a prevenir y minimizar el riesgo que corre la población del lugar y el impacto ambiental, tanto en el mismo piedemonte como en el Área Metropolitana. Es importante comprender que, además de ser una legislación útil para el ser humano, también se busca preservar y contribuir al manejo de áreas importantes para el cuidado de la biodiversidad.

Durante el proceso de elaboración de la normativa, el Gobierno efectuó contactos sistemáticos con los vecinos del lugar –uniones vecinales– a fin de analizar las distintas situaciones y asesorarlos para que puedan iniciar procesos de regularización. Ha habido rondas de reuniones en conjunto con los municipios que han resultado muy productivas, porque lograron quitar resquemores o despejar la incertidumbre de numerosos pobladores ante una problemática tan sensible como la seguridad de las personas y la necesidad de vivienda. También se notificó a los propietarios de terrenos en zonas muy riesgosas –que alimentan el mercado inmobiliario informal–, especialmente en casos en que se observaron tareas de desmonte o movimientos de terrenos previos al loteo.

“El objetivo de la ley, que servirá de base a un futuro Plan Especial de Piedemonte, no es de carácter punitivo sino preventivo. Se busca la ordenada y segura ocupación del piedemonte, algo que históricamente el Estado no logró regular o controlar. Por lo tanto, el problema tiene amenazas de distinto grado, principalmente aluvionales.

“La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial ha calculado que actualmente hay cerca de 5.000 familias viviendo en el área, algunas afectadas por amenazas aluvionales por habitar en cauces o laderas inestables. Esto entre otras razones nos marca la premura con la que necesitamos esta ley”, expresó el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, al presentar esta actualización legislativa.

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