Se trata de unos 70 reclusos que están encarcelados en el penal de Punta Peuco, una prisión especial para militares.

Estos genocidas fueron declarados culpables de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de quien encabezó el golpe militar contra Salvador Allende, Augusto Pinochet (1973-1990).
Tras el triunfo de la derecha política chilena con Sebastián Piñera a la cabeza, los genocidas se atrevieron a solicitar a la justicia cumplir el resto de sus penas en arresto domiciliario.
El abogado de los condenados, Raúl Meza, presentó formalmente las peticiones. En declaraciones al diario La Tercera, Meza dijo que estas solicitudes se basan “en las normas de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.
Meza añadió que, en caso de ser rechazadas, “estas mismas peticiones serán derivadas al ministro de Justicia Hernán Larraín y al presidente Sebastián Piñera para que evalúe la posibilidad de otorgar indultos presidenciales a los reos terminales”.