Comisión conjunta: legisladores analizan dos proyectos cruciales

Se trata de dos propuestas que están vinculadas a promover la autonomía y libertad profesional de los farmacéuticos en Mendoza y de modificar la designación de la Defensoría de las Personas con Discapacidad.

El Plan Provincial de Salud 2024-2030, anunciado a mediados de febrero por el Ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, consta de 26 proyectos de ley que proponen llevar adelante una transformación del sistema sanitario de la provincia para brindar más y mejores servicios. Por ello, desde las comisiones de Salud, Hacienda y Presupuesto y Legislación y Asuntos Constitucionales, trataron dos de estos proyectos.

Para ello se invitó a especialistas en la materia, para explicar los alcances de ambos proyectos. El primer proyecto analizado está vinculado a modificar el proceso de designación en la Defensoría de las Personas con Discapacidad. Este proyecto busca reducir la mayoría requerida en la Asamblea Legislativa para la designación del Defensor o Defensora de las Personas con Discapacidad, a fin de agilizar y hacer más eficiente dicho proceso.

Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad en Mendoza expresó su preocupación por los cambios propuestos en el proyecto. «Creemos que la ley puede ser mejorada, pero no es este el caso. Esto es un retroceso», afirmó. Bascuñán destacó la importancia de que las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil sean consultadas en la elaboración de este tipo de normativas.

Por su parte, el diputado del Partido Verde, Mauro Giambastiani, cuestionó la situación actual de la Defensoría de Personas con Discapacidad, señalando que «necesitamos no tratar este proyecto». Propuso elaborar un despacho en conjunto para solicitar el archivo y el inmediato tratamiento de la designación del Defensor de la Discapacidad.

La diputada Verónica Valverde, haciendo hincapié en la importancia de eliminar barreras para las personas con discapacidad, expresó su preocupación por el cambio propuesto en el artículo 2 del proyecto, que modifica el proceso de elección del defensor. Subrayó la necesidad de mantener la orden de mérito y los dos tercios necesarios para la designación.

Luego, el senador Félix González planteó la necesidad de reformar el proceso de designación del defensor, pero destacó que el proyecto actual no incluye la participación activa de las personas con discapacidad y las organizaciones civiles, incumpliendo los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En un debate que reflejó la complejidad y la importancia del tema, al senador Germán Vicchi le llamó la atención la necesidad de encontrar un sistema que funcione eficazmente. «Hoy no tenemos un sistema que esté funcionando. Ese es un retroceso real y práctico», afirmó. Destacó la importancia de modificar un sistema que no se ha logrado implementar de manera efectiva.

Otro de los legisladores que se pronunciaron durante la reunión, fue el senador Martín Kerchner Tomba quien destacó la urgencia de abordar la situación actual en torno a la designación del Defensor de Personas con Discapacidad. Subrayó que, más allá de las buenas intenciones, el sistema actual ha experimentado un retroceso evidente, reflejando la incapacidad política para llegar a un consenso. «El retroceso ya existe, no es este proyecto. La realidad existe», enfatizó.

Por ello el legislador señaló la necesidad de repensar el procedimiento de selección, reconociendo los desafíos inherentes a la diversidad de opiniones y agendas políticas. Destacó que todos comparten el objetivo de mejorar las condiciones para las personas con discapacidad, pero lamentó la falta de avances tangibles debido a la falta de consenso.

Por su parte, María Teresa Pavone de la UNCuyo resaltó la importancia de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como un hito crucial en la lucha por la inclusión. Desde su experiencia como trabajadora social, la profesional destacó la evolución de las políticas y el creciente reconocimiento de los derechos de este colectivo.

En este contexto, Pavone subrayó la necesidad de promover la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, derribando no solo barreras físicas, sino también actitudinales y discriminatorias. Hizo hincapié en la importancia de la educación y la sensibilización, así como en la creación de espacios inclusivos en el ámbito académico y laboral.

Ambos oradores coincidieron en la importancia de revisar y mejorar los mecanismos institucionales para garantizar la plena protección de los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, destacaron la necesidad de reformar la ley actual y de promover una mayor participación y representación del colectivo en la toma de decisiones.

Principales aspectos del proyecto para modificar la designación de la Defensoría de las Personas con Discapacidad

En el marco del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, el proyecto de ley busca adecuar la normativa provincial a los estándares nacionales e internacionales en la materia. Considerando la especial atención que el Estado debe brindar a este grupo vulnerable, se propone modificar la Ley que crea la Defensoría de las Personas con Discapacidad para garantizar una designación más dinámica y expedita del titular de este organismo.

El proyecto argumenta que la actual exigencia de contar con el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa para la designación del Defensor o Defensora de las Personas con Discapacidad es desproporcionada y carece de razonabilidad. Se compara esta exigencia con la designación de otros cargos de alta relevancia en la provincia, señalando que la misma es mayor incluso que la requerida para elegir a un Ministro de la Suprema Corte de Justicia, cuyo cargo es vitalicio y de jerarquía constitucional.

En este sentido, se propone que la designación del Defensor o Defensora de las Personas con Discapacidad requiera únicamente de la mayoría simple del total de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa, en lugar de la actual mayoría de dos tercios. Esta modificación permitiría un proceso más ágil y acorde a la naturaleza y jerarquía del cargo.

El proyecto destaca la importancia de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, así como de promover medidas que faciliten su integración y participación en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. En este sentido, la modificación propuesta busca fortalecer la labor de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, órgano encargado de velar por la protección de los intereses y derechos de este colectivo en la provincia.

Buscan la forma de promover la autonomía y la libertad para los profesionales farmacéuticos

El segundo proyecto que se analizó tiene por intención fortalecer la autonomía y libertad profesional de los farmacéuticos que forman parte del personal estatal en la provincia. De ello habló desde la Asociación de Farmacéuticos Asistenciales y Sanitaristas de Mendoza, Mario Lugones quien agradeció la invitación y destacó la importancia del encuentro para discutir el proyecto del Ejecutivo, sobre la modificación de la normativa que regula el bloqueo de títulos para profesionales farmacéuticos en el ámbito estatal.

Lugones, junto a Alberto Montiel, quien también participó en la reunión, resaltaron los puntos claves de la ley actual y sus implicaciones en el ejercicio profesional, haciendo hincapié en las incompatibilidades y la necesidad de garantizar la continuidad de recursos críticos en el sector estatal de salud.

Asimismo, expresaron su preocupación por los posibles efectos de la desregulación propuesta, señalando que podría llevar a una migración de profesionales hacia el sector privado, afectando la atención en hospitales, centros de salud y otros servicios de salud pública.

Por su parte, diversos representantes, como Claudia Iturbe y Mónica Rinaldi, cuestionaron la propuesta, destacando que otros profesionales de la salud no enfrentan restricciones similares en cuanto a la libertad de trabajar en el sector público y privado.

El senador Félix González planteó interrogantes sobre la viabilidad y las posibles consecuencias de la modificación propuesta, destacando la importancia de garantizar la transparencia en los procesos de compra de medicamentos y productos médicos.

En tanto, Martín Altamirano, representante del Ministerio de Salud y Deportes abordó la necesidad de establecer criterios claros para la aplicación del bloqueo de títulos, enfocándose en los roles relacionados con la gestión y la toma de decisiones en farmacia.

Dicho proyecto propone levantar las restricciones actuales para permitir una mayor diversificación de funciones de los farmacéuticos, adaptándose así mejor a las necesidades locales y facilitando una utilización más eficiente de los recursos humanos tanto del Estado como del ámbito privado. Además, busca reconocer la capacidad de los farmacéuticos para contribuir significativamente al sistema de salud y al bienestar de la comunidad, permitiéndoles desempeñar un rol más activo en la gestión de la salud.

Una de las principales modificaciones que plantea el proyecto es la derogación de las restricciones impuestas al título de los farmacéuticos del Estado, lo que fomentaría una mayor competencia entre los profesionales y, en consecuencia, una mejora continua en la calidad de los servicios ofrecidos. Asimismo, se reconoce y respeta la autonomía profesional de los farmacéuticos, permitiéndoles ejercer plenamente sus habilidades y conocimientos.

Además, se establecen medidas para garantizar que las nuevas disposiciones no afecten la organización de los servicios sanitarios ni generen conflictos de incompatibilidad horaria o funcional. La Administración de Salud tendrá la facultad de dirigir y organizar los servicios de manera razonable, velando por el bien público y la salud de la población.

En cuanto a la regulación, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Deportes, para supervisar y controlar el cumplimiento de la ley, así como para emitir y actualizar las normas necesarias para su aplicación. Además, se promoverá la educación continua de los farmacéuticos, incentivando la actualización constante de sus conocimientos y habilidades.