Continúa en estudio proyecto para establecer capacitaciones en derechos de personas con discapacidad

La comisión de Desarrollo Social, que preside Marcela Fernández (UCR), avanzó en el análisis de dos iniciativas que fueron acumuladas, relacionadas con brindar capacitaciones obligatorias en derechos de personas con discapacidad, en todos los Poderes del Estado.

Mónica Bascuñán, en representación de colectivos de personas con discapacidad, participó del encuentro virtual y señaló al respecto que “capacitar sobre perspectiva en discapacidad es fundamental y este proyecto es muy bueno”, y sugirió “invitar a las personas con discapacidad” para que formen parte del Consejo provincial.

Los proyectos en cuestión, que son impulsados por Ana María Andía (UCR) y Hebe Casado (PRO),  apuntan a la capacitación obligatoria y actualizada en derechos de las personas con discapacidad y en la eliminación de barreras que vulneran su ejercicio, para todos los agentes que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los tres Poderes del Estado provincial.

Asimismo, designa como  Autoridad de Aplicación al Consejo de Discapacidad de la provincia, quien será “el responsable último de la implementación de las capacitaciones, los contenidos y su actualización, así como del desarrollo de las actividades, debiendo encuadrarse en las normativas internaciones, nacionales y provinciales vigentes vinculadas a la temática de discapacidad”.

Además, “certificará la calidad y contenido de las capacitaciones que se desarrollen en cada organismo, cuya propuesta concreta deberá ser enviada al mencionado Consejo dentro de los seis meses siguientes de la entrada en vigencia de la presente ley”.

Por otra parte, establece que “la capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia estará a cargo del Consejo de Discapacidad”.

Precisamente, en cuanto a la composición del Consejo, Bascuñán sostuvo que “siempre hay quienes hablan por nosotros. La mirada del discapacitado por ahí es distinta. Hay personas discapacitadas muy preparadas que pueden aportar, porque muchas veces nos representan técnicos, profesionales, muy capacitados pero alejados de la realidad cotidiana de las personas con discapacidad”.

Además, indicó que “habría que capacitar sobre el CUD – Certificado Único de Discapacidad -, que es papel moneda y que muchos no entienden. Capacitar para que se entienda que ese documento es necesario y fundamental porque la mayoría no diferencia entre un carnet y un documento. Si uno muestra el CUD y tiene que dar un montón de explicaciones, viene el problema. La gente no sabe lo que es el CUD, no saben que para obtenerlo, tenemos que pasar por una Junta Médica”.

Al respecto, Marcela Fernández coincidió en que se trata de un documento que “por el sólo hecho de poseerlo, debería ser suficiente para que las personas puedan acceder a sus beneficios. El CUD, además de la identificación de la persona, tiene un número que representa la patología que padece, y no todos lo entienden. En realidad, habría que propender a que se entienda que el documento de por sí, ya acredita una discapacidad”.

La fundamentación del proyecto en estudio, detalla que “la actual concepción de la discapacidad está orientada por el reconocimiento de los derechos humanos, la autonomía, la integración, las capacidades y los apoyos, enfatizando en la interacción entre la persona con discapacidad y el ambiente donde vive y con el cual interactúa”.

Según datos brindados por Naciones Unidas, alrededor de un 15% de la población mundial -unos mil millones de personas- viven con alguna discapacidad. En 2017, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en el marco del Plan Nacional de Discapacidad, realizó un estudio nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad, el cual se aplicó en las localidades urbanas de más de 5.000 habitantes de nuestro país. Los resultados determinaron que un 10,2% de la población de más de seis años presenta algún tipo de discapacidad, que el mencionado estudio desagrega en forma detallada, señala el texto.

“Disponer de información precisa y actualizada sobre la población con discapacidad en Argentina facilita la formulación de políticas públicas que favorezcan una mayor integración, y también, permite identificar las necesidades y estimar los recursos que se requieren para su asistencia”, agrega, y subraya “en los últimos años, tanto a nivel nacional como en distintas jurisdicciones, se han sancionado numerosas leyes en materia de discapacidad”.

Asimismo, sostienen los fundamentos que “el Estado es un actor central en el desafío que implica la eliminación de esas barreras actitudinales -presentes en los tres poderes- construyendo espacios de diálogo, visibilizando los derechos de las personas con discapacidad, identificando la variedad de obstáculos a los que se enfrentan de manera cotidiana y evitando cualquier forma de vulneración de derechos”, con lo cual, “es deber indelegable del Estado promover y proteger el ejercicio de tales derechos. Entendemos que la sensibilización y capacitación obligatoria sobre los derechos de las personas con discapacidad y la eliminación de barreras que vulneran su ejercicio, para todas/s los agentes, en todos sus niveles y jerarquías, que se desempeñan en los tres poderes del Estado provincial, es una herramienta valiosa en la consecución de tales responsabilidades estatales”.

 

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