Defensa del consumidor participó del encuentro que convocó el Instituto de Desarrollo Comercial

El encuentro tuvo por objetivo poner en funcionamiento una mesa de trabajo conjunto para mitigar el comercio ilegal en la provincia de Mendoza.

La directora de Defensa del consumidor, Mónica Lucero, participó de la reunión que convocó el titular del Instituto de Desarrollo Comercial, Daniel Dimartino, con el fin de poner en funcionamiento una mesa de trabajo conjunto para mitigar el comercio ilegal en la provincia de Mendoza.

Además, estuvieron presentes distintos referentes de las entidades del ámbito público y privado, como: AFIP, ATM, Gendarmería Nacional, Subsecretaría de Trabajo y Empleo, representantes de los municipios de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo, junto con representantes  de la Dirección de Fiscalización y Control, Subsecretaría de Industria y Comercio, Aduanas, FEM, UCIM, CEC, Policía Federal, Ministerio de Seguridad, Cámaras de Comercio de Luján de Cuyo, Capital y Guaymallén; CAME y Migraciones.

“Defensa del consumidor es un organismo público y como tal debe hacer énfasis en un consumo seguro y responsable, para que los consumidores elijan comprar en comercios habilitados, donde reciban productos de calidad y garantidos”, remarcó Lucero.

La funcionaria del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia hizo hincapié en que la repartición que conduce “no recibe denuncias de aquellos consumidores que carecen de un ticket o una factura de compra, porque no corresponde avanzar con una denuncia sin pruebas suficientes y objetivas, y porque de hacerlo atentaría contra el comercio legal”.

Derechos y obligaciones

Uno de los derechos que le asiste al consumidor luego de la compra de un producto es la garantía legal mínima, prevista por ley nacional Nº24.240 de Defensa del consumidor. Según esta normativa, los productos nuevos gozan de una cobertura por seis meses desde la entrega de estos en manos de los consumidores; y se reduce a tres meses cuando se trata de bienes usados.

Respecto del cumplimiento de esa garantía legal mínima, son solidariamente responsables tanto los comercios vendedores como quienes producen, importan y distribuyen esos productos en el país y que luego son adquiridos por consumidores finales.

Para poder reclamar, por ejemplo, el presunto incumplimiento de la garantía es básico tener un comprobante de compra o contrato firmado por las partes involucradas.

“Sin esos comprobantes, un organismo público como Defensa del consumidor se queda sin herramientas válidas para ayudar a los ciudadanos en sus reclamaciones y, por tanto, debe archivar tales denuncias, salvo que de estas se presuma la posible comisión del delito de estafa, y en tal caso, deberá dar lugar a la intervención de la fiscalía correspondiente”, finalizó Mónica Lucero.

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