Diputados quieren que la Legislatura repudie declaraciones de Bullrich con respecto a la entrega de las islas Malvinas a cambio de vacunas contra el coronavirus

Un proyecto de declaración para rechazar los dichos de Patricia Bullrich, presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO), acerca de que las islas Malvinas podrían ser moneda de cambio por vacunas contra el coronavirus, fue presentado en la Legislatura por el diputado provincial Carlos Sosa (Frente de Todos-PJ).

La iniciativa expresa “el más absoluto repudio a cualquier referencia que –por negligencia, ignorancia, falta de respeto a los combatientes de Malvinas, ausencia de sentido patrio o sumisión lisa y llana– sugiera la posibilidad de la entrega del territorio argentino de las islas Malvinas mediante una espuria operación de trueque comercial a cambio de vacunas contra la COVID-19 o de cualquier otro bien o mercancía”.

Contenida en el expediente Nº79.810 de la Cámara Baja mendocina, también manifiesta “la convicción respecto de la plena soberanía de la República Argentina sobre las Malvinas e islas del Atlántico Sur”.

Los polémicos dichos cuestionados

Se refiere así a declaraciones de la exministra de Seguridad de la Nación durante el mandato de Mauricio Macri en una entrevista televisiva el martes 27 de abril acerca de que a las islas del Atlántico Sur “se las podríamos haber dado” al laboratorio estadounidense Pfizer en la negociación que aún realiza el Gobierno argentino para proveer a la población de vacunas de esa marca.

En la ocasión, Bullrich señaló además: “Pfizer no pidió cambios a la ley, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se los pidió a todos los países del mundo, (lo) que es algo razonable”.

Posteriormente tuiteó: “Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las islas Malvinas”. De todos modos, sus polémicas declaraciones iniciales hicieron estallar una ola de repudios, derivaron en la presentación de una denuncia penal y generaron una serie de presentaciones de proyectos de declaración y de ley en el Congreso nacional y legislaturas provinciales en contra de cualquier sugerencia a una eventual renuncia de nuestro país a la soberanía sobre las Malvinas.

Rechazos de excombatientes y una denuncia penal

Una de las instituciones que se sintieron insultadas por esa desafortunada expresión es la Federación de Veteranos 2 de Abril, que en un comunicado resaltó su “absoluto repudio a los dichos de Patricia Bullrich y más aún por el sarcasmo y leve sonrisa con la que lo manifestara”.

Otra fue el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que señaló: “Repudiamos enérgicamente las declaraciones de Patricia Bullrich, que expresó lo que durante el gobierno de Mauricio Macri fue la política de entrega del patrimonio nacional y de la soberanía sobre la cuestión Malvinas”.

Por su parte, el 28 de abril, la abogada Valeria Carreras radicó una denuncia penal por averiguación de delito contra Bullrich en los Tribunales Federales de Retiro, en Buenos Aires, que por sorteo recayó en el Juzgado Federal Nº10, a cargo del juez Julián Ercolini.

Repudios en el Congreso y Tierra del Fuego

Ese mismo día, el Frente de Todos presentó –en ambas cámaras del Congreso nacional– proyectos para dejar asentado su “más enérgico repudio a las ofensivas declaraciones de la presidenta del PRO manifestando su desprecio por la soberanía y por nuestras Malvinas, usurpadas por el Reino Unido”.

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego y Malvinas, Gustavo Melella, aseveró que Bullrich, “en su afán por criticar al gobierno de Alberto Fernández y en el marco de una eterna campaña electoral, ha perdido todo tipo de sentido común y el decoro que debe tener un dirigente político”.

Cómo va la negociación

Respecto de la aludida negociación por las vacunas, la asesora presidencial Cecilia Nicolini confirmó que el Gobierno nacional ha retomado las tratativas con Pfizer en busca de “avanzar en un posible contrato” para adquirir las dosis necesarias.

Los excesivos pedidos de Pfizer

Sobre los excesivos pedidos que en su momento les hizo el laboratorio a algunos países a cambio de venderles esos suministros, el 1 de febrero, el diario estadounidense The New York Times consideró “comprensible” que algunas naciones se hayan resistido a aceptarlas.

Los informes del periódico norteamericano revelan que Pfizer, “no solo ha buscado protección de responsabilidad contra todos los reclamos civiles, incluso aquéllos que podrían resultar de la propia negligencia de la compañía, sino que (les) ha pedido a los gobiernos que aporten activos soberanos, incluidas sus reservas bancarias, edificios de embajadas y bases militares, como garantía contra juicios”.

Mientras tanto, un artículo de The Washington Post del 1 de febrero que hace referencia a los laboratorios Pfizer, AstraZeneca y CureVac afirma: “Además de que a los fabricantes de los medicamentos se les garantiza que gran parte de los acuerdos no se divulgarán, los contratos multimillonarios les brindan cláusulas de protección de responsabilidad, la propiedad de las patentes y un margen de maniobra en las fechas de entrega y en los precios”.

“En algunos casos, los países tienen prohibido donar o revender las dosis (para no quitarle ‘mercado’ a los laboratorios), una prohibición que podría obstaculizar las iniciativas de llevar vacunas a los países pobres”, asegura la nota periodística.

Y detalla: “A pesar de las enormes inversiones de los contribuyentes (ya que los Estados han pagado anticipadamente por las vacunas), las empresas farmacéuticas son propietarias absolutas de las patentes. Eso significa que las compañías pueden decidir cómo y dónde se fabrican las vacunas y cuánto cuestan”.

Seguidamente refleja: “‘Es posible que no podamos crear o ampliar la capacidad de producción a tiempo’, advirtió Pfizer en un documento corporativo de agosto de 2020”. Y continúa: “Esa incertidumbre ha frustrado a los funcionarios de salud cuando Pfizer le dijo hace poco a Italia que iba a reducir de manera temporal las entregas en un 29%”.

Y aclara que “las personas no pueden demandar a las compañías, incluso en casos de negligencia o imprudencia. Las únicas excepciones son casos de ‘abuso intencional’ comprobado”.

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