El diputado Carlos Sosa quiere saber si este año habrá ascensos en la Policía de Mendoza

Un pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo para que brinde detalles acerca de la aplicación del sistema de ascensos de los policías fue presentado en la Legislatura por el diputado provincial Carlos Sosa (Frente de Todos-Partido Justicialista), mediante un proyecto de resolución contenido en el expediente Nº77.830 de la Cámara Baja.

La iniciativa promueve que “los organismos pertinentes, en particular el Ministerio de Seguridad”, den a conocer “puntos varios referidos al Procedimiento de Promociones Ordinarias del personal policial destinado a satisfacer las necesidades orgánicas de las Policías de la Provincia, conforme lo establecido por la Ley Nº6.722”.

En este sentido indaga sobre el “número total de cargos a cubrir, discriminado conforme escala jerárquica”, y solicita que, “respecto a los oficiales superiores, especifique cantidad que se encontraría en condiciones de ascender a comisario general y comisario inspector”.

También requiere saber “si se ha realizado la convocatoria a los miembros de las policías que deseen ser promocionados”.

Al respecto, en caso de que esa instancia anual haya sido completada, inquiere acerca de la “fecha de realización de la convocatoria”, el “número total de personal policial que ha presentado la documentación a tal fin a la Dirección de Recursos Humanos”, la “cantidad de aspirantes para cada cargo a cubrir” y el “número de inscriptos que cumplen con lo establecido en el Anexo II, artículo 185º, y calificación individual de la ley provincial Nº6.722”.

En su defecto, si la convocatoria no hubiera sido efectuada, la propuesta presentada por el legislador Sosa se enfoca en conocer el “motivo del retraso” y la “fecha estimativa de su realización”.

El sistema de promociones

La norma Nº6.722 regula el funcionamiento, la organización y los recursos humanos de las cuatro policías distritales de Seguridad, la Policía en Función Judicial y la Policía Vial desde su publicación en el Boletín Oficial, el 15 de noviembre de 1999, con el fin de prestar el servicio público esencial de la seguridad de personas y bienes.

Entre otros aspectos, su Capítulo VII “Carrera policial” fija que los uniformados serán calificados según una evaluación de aptitud y capacitación individual, así como de eficiencia en la prestación y la gestión del servicio público de seguridad tanto individual como de todas las unidades policiales.

En cuanto a la concreción de las promociones a grados superiores determina que podrán ser ordinarias o extraordinarias (artículo 178), operativizadas mediante un decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia, y a propuesta del ministro de Justicia y Seguridad (artículo 179).

Como criterios fundamentales para que una promoción sea aprobada señala la capacitación, la eficiencia en la prestación del servicio y la aptitud para desempeñar las funciones propias del grado superior (artículo 180).

La ley ordena además que el procedimiento anual de las promociones ordinarias tiene como objetivo satisfacer las necesidades orgánicas de las policías de la Provincia (artículo 181), para lo cual cada aspirante –una vez abierta la convocatoria oficial– debe presentar su propia propuesta ante la Junta de Calificaciones siempre que cumpla con los requisitos obligatorios.

Algunas de las condiciones necesarias para acceder a esa instancia son que los postulantes acrediten efectivamente que cuentan con la capacitación mínima requerida para el grado al aspiran, que hayan realizado satisfactoriamente las pruebas de aptitud psicofísica en los últimos tres meses y que no se encuentren bajo un sumario administrativo o un proceso penal.

A la vez, las juntas de calificaciones son las encargadas de analizar minuciosamente los antecedentes y remitir las actas inherentes a la Dirección de Capital Humano y Capacitación, que elaborará el orden de mérito (artículo 195), el cual es notificado a los interesados y puede ser apelado ante la Inspección General de Seguridad (artículo 196).

Por su parte, los policías que reciban la notificación de que no cumplen con los requisitos y consideren errónea esa decisión pueden de interponer recursos de reconsideración y apelación contra la evaluación (artículo 186).

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