El Gobierno presentó formalmente la denuncia penal por el convenio con la Fundación Acción Social

En el día de la fecha, el Gobierno de Mendoza presentó denuncia penal a los fines de que se investigue la posible comisión de un hecho delictivo de conformidad con lo establecido por el art. 326 y siguientes del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, en virtud de declaraciones que suponen un destino distinto al previsto para los fondos comprometidos en el convenio oportunamente suscripto.

En la denuncia se acompañó como prueba la copia certificada del convenio de colaboración entre la Fundación Acción Social y el Gobierno de la Provincia de Mendoza de fecha del 23 de febrero de 2022, que no alcanzó a ejecutarse, ya que fue dejado sin efecto debido a las declaraciones públicas realizadas por quien es presidente de la Fundación Acción social a MDZ Radio en la entrevista realizada por el periodista Marcelo Arce, conductor del programa radial Uno Nunca Sabe, con fecha del 26 de mayo del corriente año. En esa nota radial, el pastor habría manifestado, entre otras declaraciones, un objeto distinto al establecido taxativamente en el objeto del convenio.

A partir de esas declaraciones, se formuló la correspondiente denuncia en el ámbito del Ministerio Público Fiscal a fin de que investigue si ello podría implicar la comisión de un delito o cuanto menos el inicio de su ejecución, atento a que las mismas manifiestan un destino de los fondos distinto al del objeto establecido en el convenio de referencia.

Dentro de la denuncia se expresa que el Gobierno de la Provincia, a través de sus ministerios, suscribe convenios y otorga subsidios para fines que estima de interés público. Todo ello en el marco de la normativa vigente, en especial la Ley de Administración Financiera 8706, que reglamenta todo lo atinente a los trámites que autorizan gastos públicos.

Es importante destacar que el trámite del convenio cumplió con todas las etapas y exigencias que prevé la Ley de Administración Financiera 8706. Puntualmente, se acompañó la documentación que acreditaba la aptitud jurídica de la entidad solicitante, intervino la Contaduría General de la Provincia, como también las demás instancias administrativas y económico- financieras que exige la norma, contando con dictamen legal previo a la ratificación del convenio.

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