El juicio por los crímenes de los pozos de Banfield y Quilmes vuelve a la sala de espera

El juez Eduardo Farah pidió apartarse para asistir a su madre enferma

La noticia cayó como una bomba entre quienes esperan justicia para las 400 víctimas que se calcula pasaron por dos de los centros clandestinos más importantes del circuito Camps y alojaron a las víctimas de la Noche de los Lápices y del Plan Cóndor.
Los crímenes del Pozo de Banfield y del Pozo de Quilmes tendrán que seguir esperando por su juicio oral y público y, en esta ocasión, la demora no tiene que ver con el coronavirus. 
Los crímenes del Pozo de Banfield y del Pozo de Quilmes tendrán que seguir esperando por su juicio oral y público y, en esta ocasión, la demora no tiene que ver con el coronavirus.  


Imagen: Pablo Piovano

Los crímenes del Pozo de Banfield y del Pozo de Quilmes tendrán que seguir esperando por su juicio oral y público y, en esta ocasión, la demora no tiene que ver con el coronavirus. Sobrevivientes y familiares de víctimas tuvieron que reclamar durante una década para que un tribunal decidiera fijar fecha al debate, algo que habían conseguido a principios de este año. Pero a última hora del viernes, uno de los jueces que integraba el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata decidió excusarse. Se trata del ex camarista Eduardo Farah, quien solicitó apartarse para “contener” y “ayudar” a su madre, internada con problemas de cadera en una residencia para adultos mayores. Sus pares en la subrogancia del TOF le aceptaron el paso al costado por lo que, ahora, el inicio del proceso depende de la designación de un nuevo magistrado.

La noticia cayó como una bomba entre las partes acusadoras que participan de la causa que revisa los secuestros, las torturas y las apropiaciones de bebés sucedieron en dos de los centros clandestinos más importantes del circuito Camps, en territorio bonaerense durante la última dictadura.

A las 23 del viernes pasado, el TOF 1 las notificó que el tribunal quedaba rengo de un juez por lo que el inicio del debate, que a principios de año había sido fijado para mayo y que, en el contexto de la pandemia de coronavirus sería reprogramado, volvía a la nebulosa hasta tanto fuera nombrado un reemplazo de Farah.

Según la resolución, los jueces Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers aceptaron la excusación que Farah solicitó a través de una breve carta en la que explicó que el estado de salud de su madre, de 86 años, internada en una residencia geriátrica y padeciente de “un cuadro de afectación motriz y psiquiátrica importante” le “exige estar disponible diariamente para contenerla y ayudarla en el proceso que atraviesa”. Adjuntó un certificado médico firmado por el profesional José González Toranzo, quien respaldaba el argumento. Según Farah, asistir a La Plata para dirigir el juicio por los crímenes del Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, implicaría “retacear significativamente” su compañía a la mujer mayor así como su “contribución a su tratamiento y a la contención personal que ella misma reclama”.

La resistencia a acudir a La Plata cuantas veces por semana lo requiriera el juicio no es nueva de parte de los tres jueces que, de manera subrogante, integran el TOF 1 de La Plata especialmente para este debate, pero que tienen base en San Martín –Farah llegó a esa jurisdicción a mediados de 2018, tras salir eyectado de la Cámara Federal de Casación Penal presionado por el macrismo por firmar la libertad de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza–. Previo a fijar fecha de inicio, algo que sucedió en febrero pasado tras una década de espera de parte de sobrevivientes y familiares de víctimas, los magistrados intentaron trasladar el juicio a su jurisdicción e, incluso, dirigirlo mediante videoconferencia. Las querellas se negaron.

Entonces, el tribunal fijó como fecha de inicio del debate el 5 de mayo. Pero la pandemia no lo permitió. Por estos días, su reprogramación era “inminente”, definió Farah, y dio un paso al costado. Sus colegas consideraron que aceptarlo era “una contribución a una mejor y más pronta administración de justicia”. Sin embargo, el proceso regresó a la sala de espera: es la Cámara federal de Casación Penal la que debe nombrar un nuevo juez que reemplace a él y a un cuarto, según lo planteado por los magistrados. Desde la Secretaría Nacional de Derechos Humanos presentarán una carta a la alzada para apuntalar ese paso.

Hace una década que los crímenes de los pozos de Banfield y Quilmes, dos de los centros clandestinos más importantes del llamado Circuito Camps desde el que la Policía Bonaerense y el Ejército organizaron la represión ilegal en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura, esperan su juicio oral. Se calcula que por ambos pasaron más de 400 hombres, mujeres y jóvenes, funcionaron como maternidades clandestinas, alojaron a las víctimas de la Noche de los Lápices y del Plan Cóndor. 

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