La misión del Fondo Monetario Internacional ( FMI) que visita Argentina para revisar el cumplimiento del acuerdo con el Gobierno y pauta diversas reuniones con referentes políticos y sindicales, mantuvo en esta oportunidad un encuentro con los integrantes de la Confederación General del Trabajo ( CGT).

El cónclave fue llevado a cabo durante el mediodía de este jueves en las oficinas de la Unión Obrera de la Construcción ( UOCRA). La presencia de los miembros del organismo de crédito internacional apuntó a elevar un informe al directorio del organismo, que deberá desembolsar el mes próximo 10.800 millones de dólares que forman parte del acuerdo.

Pero más allá de los pormenores económicos que le brindaron al ente financiero que busca seguir dándole crédito al país, uno de los puntos en los que hicieron hincapié los miembros de la CGT fue en la reforma laboral que se estima lanzará el Gobierno comandado por Mauricio Macri para satisfacer el pedido del FMI.

Sin embargo, Roberto Cardarelli, el economista que lidera la misión, desmintió el rumor: “Nosotros no pedimos ninguna reforma laboral”. Además agregó al respecto que “un mercado laboral demasiado rígido es malo y demasiado flexible también es malo”  y que “cualquier reforma estructural que se quiera llevar adelante, sea de la naturaleza que sea, es más viable en un marco de crecimiento económico”.

Otros pedidos

De la reunión participaron Gerardo Martinez (Uocra), Héctor Daer (Sanidad), Andrés Rodriguez (UPCN), Enrique Salinas (UOM), Sebastián Maturano (La Fraternidad) y Julio Piumato (Judiciales).

Los gremialistas le plantearon a los emisarios el pronóstico de que el próximo gobierno, sea del signo político que sea, deberá renegociar los acuerdos firmados por Macri porque son inviables.

Además le advirtieron que “está latente una reacción sindical ante el grave cuadro de situación” si no se vislumbran resultados positivos en materia de inflación, recuperación del salario, reactivación económica ni crecimiento.

Por último, le plantearon que no se oponen a la reducción del déficit fiscal pero no con este costo social e insistieron en la necesidad de que el Gobierno asegure los fondos de las obras sociales sindicales.