La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como querellante en la causa Piccione y otros, un desprendimiento del juicio Saint Amant II, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en la zona norte y que tiene como imputados a miembros de la delegación de San Nicolás de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
La presentación apunta a develar el pasado de la comisaría 1ª durante la dictadura militar. Los delitos son los de privación ilegal de libertad, tormentos y homicidios en operativos militares ocurridos durante 1976 en la región norte de Buenos Aires.
“Esta presentación como querellante ratifica el compromiso de la Comisión con su mandato de alentar en todos los ámbitos los juicios en que se investigan delitos de lesa humanidad; especialmente en esta causa que tiene como imputados a agentes de la DIPPBA. Esperamos que las distintas instancias del poder judicial instrumenten todos los mecanismos para que triunfe la verdad y los genocidas sean condenados”, señaló el copresidente de la CPM, Víctor Mendibil.
La causa reviste un particular interés por la participación de ex agentes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) en los delitos que se investigan.
La Comisión Provincial por la Memoria aportó documentación del archivo de la DIPPBA que pone en evidencia el doble accionar de los agentes de la delegación de San Nicolás tanto en la inteligencia sobre las víctimas como en la posterior participación en los grupos de tareas que los secuestraron.
Según surge de ese mismo material probatorio, el 9 de noviembre de 1976 fuerzas conjuntas, bajo el comando operacional del Área Militar 132, detuvieron ilegalmente a Carlos Santillán e Irene Ballester, y los trasladaron a un centro clandestino de detención.
Allí fueron torturados hasta obtener información sobre otros miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo de la regional norte que terminaron en la privación ilegal de libertad, entre otros, de María Cristina Lanzilloto, mujer de Santillán, que fue secuestrada de su casa, junto a su hijo de 1 año y su hija de 2.
Todas las víctimas de ese operativo, entre ellos los dos pequeños, permanecieron en cautiverio en la comisaría 1ª de Pergamino, el mismo lugar donde hace un año murieron siete jóvenes masacrados bajo responsabilidad del Estado.
En base a estos hechos, 22 miembros de la delegación de San Nicolás de la DIPPBA y tres coroneles del Área Militar 132 están imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, tormentos y homicidio calificado. Algunos de ellos, como el Coronel Antonio Federico Bossie condenado a perpetua en Saint Amant II, están cumpliendo otras penas por delitos de lesa humanidad.
Otros no llegarán a juicio porque ya han fallecido. “Esto último es una muestra más de las innumerables demoras que existieron y que, durante décadas, privaron a las víctimas y a la sociedad civil de una reparación justa”, expresaron.