La Justicia de Bolivia amplió por octava vez la detención preventiva de Jeanine Áñez
El juez refirió que sería la última extensión de la situación carcelaria de la ex mandataria de facto que se le estaría otorgando a la Fiscalía.
La ex presidenta de facto de Bolivia cuando marchó presaImagen de Video/NA
La Justicia boliviana amplió por octava ocasión la detención preventiva de la expresidenta interina de Bolivia (2019-2020), Jeanine Áñez, por el caso conocido como «golpe de Estado I» en la que se le acusa de terrorismo y conspiración por la crisis política y social de 2019 en Bolivia.
El juez anticorrupción primero de La Paz decidió la ampliación de la detención preventiva con el argumento de que persisten los riesgos de fuga y obstaculización de la investigación.
El juez refirió que sería la última ampliación de la detención preventiva que se le estaría otorgando a la Fiscalía, lo que implicaría que durante este periodo se emita una conclusión de la investigación para acusar o sobreseer a Áñez.
Con esta determinación cumplirá al menos 33 meses detenida y sin sentencia en este proceso, precisó la agencia de noticias Xinhua.
No obstante, el año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso «golpe de Estado II», en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades en 2019.
Está recluida en un penal de mujeres Miraflores de la ciudad boliviana de La Paz (oeste) desde marzo de 2021.
Qué alega la defensa
El abogado defensor de Áñez, Luis Guillén, manifestó que se apeló apelado la decisión del juez al considerarla arbitraria y de sometimiento a intereses políticos.
Se presentaron a la fecha tres procesos contra Áñez para juicios ordinarios.
El primer proceso es el denominado «golpe de Estado I» por la presumible comisión de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Por este caso está detenida preventivamente con ocho ampliaciones y continúa el proceso.
Un segundo, por el caso «golpe de Estado II», que el 10 de junio pasado se definió con una sentencia de 10 años de prisión para la expresidenta interina, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
El tercer proceso está referido a la designación irregular de su familiar Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz como gerente de la estatal EBA en el año 2020.
Escrito por Noticias Argentinas