Legisladores del PJ piden intervención de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes ante la grave situación pediátrica en Mendoza

Solicitan que la Defensora intervenga y arbitre acciones porque consideran que los derechos de los niños a la salud y el acceso a la misma podrían estar siendo vulnerados.

Los legisladores del PJ senadores Cecilia Juri, Florencia Canali, Helio Perviú y los diputados Valentina Morán, Marisa Garnica y Bruno Ceschín solicitan que la Defensoría se aboque al tema cuanto antes, a fin de articular con los organismos pertinentes nacionales y provinciales y que se implementen con carácter de urgente las medidas y acciones necesarias para asegurar y garantizar el derecho a la salud y el acceso a esta, de niñas, niños y adolescentes consagrado constitucional, convencional y legalmente.

En las últimas semanas se ha visto drásticamente reducida la atención en guardias pediátricas de centros asistenciales, tanto públicos como privados. En paralelo, la asociación que nuclea a los profesionales (AMProS) ha denunciado falta de políticas públicas para el sector de la salud, que se traduce en renuncias de médicos que se trasladan a otras provincias u otros países para ejercer su profesión.

La falta de pediatras en los hospitales impide que los niños reciban la atención médica especializada que necesitan para mantener y mejorar su salud. Esto constituye una violación directa de los derechos establecidos en nuestra Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Los legisladores solicitan la intervención urgente de la Defensoría basados en la Ley 26.061, en sus artículos 47, 48, 55 y 64, que atribuye a este organismo la facultad de promover las acciones para la protección de los derechos e intereses difusos o colectivos relativos a las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal, promoviendo las medidas judiciales o extrajudiciales que lo requieran.

Este organismo a cargo de la Dra. Marisa Graham tiene entre sus funciones participar activamente en la defensa y resguardo de la niñez y adolescencia en todo el territorio nacional, de manera independiente, fiscalizando y controlando la aplicación del sistema de protección integral y supervisando los actos que involucren directamente a esta población, especialmente aquellos emanados de organismos públicos.

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