Desde la Comisión por la Memoria, organización integrada por personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Víctor Mendibil, Elisa Carca, Martha Pelloni, Nora Cortiñas, y consultores académicos como Leopoldo Schiffrin, Baltasar Garzón, Osvaldo Bayer, entre muchos otros y otras, afirmaron que “se esperaba un fallo que hiciera justicia”.
“Pasaron 12 años desde la noche en que 33 jóvenes detenidos en la UP 28 de Magdalena fueron encerrados en un pabellón en llamas para que murieran. Porque la responsabilidad de los agentes penitenciarios por acción y omisión era clara y estaba debidamente probada. Porque los funcionarios encargados de la seguridad y el cuidado incumplieron sus deberes, y eso también era evidente. Pero, sobre todo, porque en todos estos años las condiciones que hicieron posible la masacre de Magdalena sólo han emporado, y el poder político no tuvo ninguna iniciativa para revertirlas”, expresaron desde la CPM.
“Las bombas que debían proveer de agua para apagar el fuego no funcionaban hacía varios meses, los matafuegos estaban sin carga por una decisión administrativa, no existían planes de contingencia ni elementos de seguridad adecuados”, denunciaron.
“Una vez más, la Justicia consagró la impunidad y convalidó el grave deterioro de las condiciones en que se encuentra el sistema de encierro en la Provincia, y los padecimientos y vulneración de derechos a que son sometidos cotidianamente las personas que permanecen allí alojadas”, señalaron.
Cabe recordar que el viernes pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal 5 de La Plata -integrado por Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y María Isabel Martiarena- absolvió a 14 de los 17 imputados por la masacre de Magdalena.
Fueron condenados Daniel Oscar Tejeda, ex director del penal, Reimundo Fernández, secretario de la unidad, y el agente Rubén Alejandro Montes de Oca. El primero de ellos por homicidio culposo y los otros dos por abandono de persona seguida de muerte. El próximo 9 de marzo, cuando se lean los fundamentos de la sentencia, se conocerán además los años de condena para cada uno.
La CPM, como mecanismo de control y monitoreo de lugares de encierro, ya había advertido sobre la grave situación en la que se encontraba el penal de Magdalena antes de la masacre. Luego acompañó a los familiares de las víctimas durante todos estos años patrocinando a dos de ellas, y realizando diversas presentaciones ante la justicia y los organismos internacionales de protección de derechos humanos.
En el mes de diciembre pasado se presentó un informe actualizado sobre el estado de la Unidad 28, que se encuentra en peores condiciones que cuando ocurriera este hecho.
“El fallo es vergonzoso y consagra la impunidad, la misma que se consolidó con la falta de investigación de las responsabilidades de los funcionarios políticos a cargo del SPB y el Ministerio de Justicia provincial. En los hechos representa un mensaje regresivo desde la perspectiva de derechos humanos, que habilita a las fuerzas de seguridad para continuar torturando y dando muerte a las personas detenidas en un sistema de encierro sobrepoblado que las aloja en condiciones inhumanas”, denunciaron desde la CPM.