Juez Otranto saliendo de la  casa de Santiago Maldonado. (Foto Revista Cítrica)

Juez Otranto saliendo de la casa de Santiago Maldonado. (Foto Revista Cítrica)
“Debido a la gravedad del caso, relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal, es que se impulsaron medidas tendientes no sólo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el pasado 1 de agosto”.
El texto detalla que “se han ordenado medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos que pertenecen a la fuerza preventora.
Se obtuvieron diversas declaraciones, tanto en el predio ocupado –distante a aproximadamente 100 km de la sede de esta Fiscalía Federal- y testimoniales en esta dependencia”.
El mensaje sostiene que se han solicitado medidas “irreproducibles” al Juzgado Federal que, “por razones de lógica investigativa”, no pueden ser informadas. Anuncia además qu e se encuentran cooperando de forma coordinada diversas dependencias de la Procuración General de la Nación.
“Se cuenta con la activa participación del Fiscal General Felix Crous, de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia  y de la Dirección General de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), que ha iniciado su intervención de asistencia a los familiares de Santiago Andrés Maldonado”, señalaron.
En el marco de esta causa, los familiares y víctimas se han constituido como parte querellante. “Han sido informados en forma personal y a través de sus asesores letrados sobre las diligencias impulsadas”. “
Corresponde destacar que la mediatización de datos sensibles -como la publicidad de las medidas dispuestas- motivó que este Ministerio Público Fiscal solicitara al Juez Federal de Esquel que ordenara, en esta causa, el  secreto del sumario, lo que fue concedido mediante resolución fundada el 14 de agosto pasado, toda vez que las circunstancias señaladas por esta parte se circunscribían al presupuesto previsto en el artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación”.
Dicha medida, si bien limita a las partes a tener acceso a la tarea investigativa, tiene como principal objetivo minimizar cualquier riesgo que pudiera ocasionar la publicidad de la misma, tanto en su producción como en su resultado. Por último, “sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva inicial de la causa, se solicitó al Juzgado Federal la recaratulación de la causa, que ha quedado registrada como EXPTE FCR 8232/2017 “N.N. s/ desaparición forzada de personas Art. 124 ter del Código Penal”.