Potasio Río Colorado: la oposición de Ramón por el proceso de licitación, el impacto ambiental y la estrategia del Estado a través de las S.A
El Diputado Provincial por Protectora, José Luis Ramón, se manifestó en contra de la ratificación del decreto que involucra un acuerdo entre el Gobierno, Potasio Río Colorado y la Minera Aguilar S.A. Sus objeciones se centran en el proceso de licitación, la proliferación de sociedades anónimas por parte del gobierno provincial y las preocupaciones ambientales.
El legislador criticó el proceso de licitación pública, alegando que el mismo “fue reemplazado por un procedimiento de selección confidencial a cargo de Unión de Bancos Suizos”, instancia que “podría implicar un manejo discrecional de empresas mixtas, sus acciones y/o bienes con un direccionamiento concreto hacia un mismo beneficiario/adjudicatario, todo lo cual debió ser auditado por Fiscalía de Estado”. Además se refirió a los costos del Estado para contratar a la entidad suiza.
Frente a los cuestionamientos expresados, Ramón explicó que desde el Estado provincial aclararon que “el proceso legal se enmarcó dentro del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de entidades financieras”. En esta dirección, puso el foco en lo que ha señalado en otras sesiones, específicamente en la creación de sociedades anónimas con acciones del Estado provincial. Al respecto dijo que “nada le podemos cuestionar a las S.A porque sus directivos se pueden amparar en las normas privadas del CCCN”. Calificó que quienes propician estas maniobras son paladines del ocultismo.
Para finalizar la justificación de su oposición a la iniciativa, el diputado protector abordó tres ejes en relación al medio ambiente. En primer lugar, se refirió al estudio de impacto ambiental, entendiendo que dadas las modificaciones del proyecto, y amparándose en la legislación ambiental, es necesario repetir “todas las medidas e instancias ambientales para asegurar, sin la menor duda, que no se afectará la calidad de las aguas del río Colorado”. En segundo lugar, habló sobre el uso del agua, en esta línea manifestó que la provincia alega que «el permiso para extraer agua del Colorado surgió de la ley 7775, pero que, sin embargo esa ley fue sancionada solo por el Poder Legislativo de Mendoza, cuando la legislación vigente indica claramente que los ríos son interprovinciales”
Como tercer eje y cerrando su alocución, señaló cuestionamientos en relación al cloruro, expresó así, que “depositar el residuo de la explotación -cloruro de sodio- en el lugar y en las condiciones establecidas en el proyecto resulta de alta peligrosidad en términos hidrológicos, pues se establecerá a escasos kilómetros del Río Colorado un enorme pasivo ambiental a perpetuidad que, en caso de sufrir filtraciones o de escurrir por la acción de los vientos, las lluvias o la actividad sísmica, puede terminar salinizando el citado río con efectos interprovinciales”.
