Se aprobó ley que regula la compra y venta de cobre en la provincia

El Senado dio media sanción a la norma que le otorga facultades especiales a la policía ante el robo de cables de cobre y metales no ferrosos. La misma tiene una perspectiva penal.

La iniciativa de autoría de la senadora Mercedes Rus, establece un Régimen Preventivo y de Control de Actividades con metales no ferrosos, en particular el cobre, ante el aumento significativo de su sustracción y el mercado ilegal, ligado a los atentados contra transformadores eléctricos
La finalidad del proyecto, es otorgar facultades de incumbencia puntual a las fuerzas de seguridad para su abordaje concreto, teniendo en cuenta los daños que esto provoca en varios servicios públicos y su incidencia sobre el consumidor.

Los robos de cobre se han acentuado considerablemente en nuestra provincia. Especialmente en los transformadores eléctricos, que ofrece gran cantidad de recurso en una sola operación, fundamentalmente por su ubicación geográfica.

Generalmente, éstos están ubicados en zonas alejadas de las grandes urbes, lo que posibilita a los delincuentes actuar en despoblado y en banda, disminuyendo las chances de ser abordados o disuadidos por la policía o aledaños.

Este material es vendido en el mercado negro, a un costo superior a los $ 1.300 por kilogramo y en fundiciones a $ 2.000, por lo que, si se tiene en cuenta que un transformador de dimensiones medianas (100 KVA) contiene aproximadamente 100 kg. de cobre, la operación ilegal se presenta como un negocio bastante suculento.

Según un informe presentado por la Auditoría Interna de Edemsa durante el período 2021-2022, se contabilizaron 400 robos y 174 tentativas. Se estima que se han sustraído alrededor de 48.000 Kg de cobre para ser comercializados, totalizando, a valor de “mercado ilegal”, una suma superior a los $48.500.000. El costo anual de reposición ronda los $ 199.500.000 y el operativo $39.900.000 aproximadamente.

Entre los perjuicios, el más significativo es el que sufre el usuario-cliente que se encuentra impedido de contar con el servicio eléctrico hasta que se logra reponer el transformador y se repara el daño. Los más perjudicados son principalmente clientes vinculados a zonas rurales, donde utilizan la energía para el riego agrícola.
Preocupa, además, la incidencia del robo de cableado de cobre, que afecta a sectores sensibles como hospitales y aeropuerto (por ejemplo quedaron incomunicados el Hospital Lencinas debido a un atentado a la central de Villa Hipódromo, el Hospital Gailhac debido a un atentado contra la central Bermejo y también hubo un caso que afectó al Hospital Notti), entre otros.

Respecto al perjuicio ambiental, estos ilícitos en su operatoria suelen provocar derrame del aceite contenido en los transformadores para su refrigeración.

La ley vigente N° 8124, que regula el régimen para la compra y venta de bienes muebles usados, en realidad no está dirigida a contemplar el objeto de esta problemática, a más de incluir un procedimiento con aristas incompatibles para el caso específico de los kilos de cobre. Pero en la práctica, la competencia esta atribuida a los municipios adheridos, lo que dificulta su aplicación. Sobre todo,  complica la actuación policial, además de consignar multas de ínfimos valores comparados con los daños provocados por los ilícitos que esta propuesta trata de combatir.

DATOS IMPORTANTES

• Los robos de cables de cobres tuvieron un pico en el 2021.

• En el 2021, se robaron 400 transformadores de Edemsa en todo Mendoza.

• En el mercado ilegal,  vende a entre $1300 y $2000 el kilo de cobre.

• En el último allanamiento en Mendoza, se secuestraron 8 toneladas de cobre.

• La ley otorga y emite certificados en los pasos fronterizos para evitar la salida ilegal del cobre. 

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