Reforma de la Salud Mental choca contra la política del ajuste
En Argentina, una reforma que promete soluciones sin poner un solo peso en la calle no es un avance, es una trampa legal para ocultar el abandono.
En los pasillos del Congreso se debate una reforma que promete asignar un 10% del presupuesto del Ministerio de Salud a la Salud Mental. Sin embargo, la realidad afuera del Palacio es una bofetada; el ministro de Economía, Luis Caputo, exige a todo el gabinete un ahorro del 20% para mantener el equilibrio fiscal, el PAMI acarrea deudas millonarias y paga honorarios médicos que no alcanzan para comprar un kilo de pan. En este escenario de asfixia, la promesa de financiamiento suena a ciencia ficción, especialmente cuando se considera que, en más de dos años de gestión, las partidas reales asignadas a salud mental han languidecido por debajo del 1,4%, muy lejos del piso legal del 10% que ya exige la ley vigente.
La matemática del ajuste: El «ahorro» que mata
La directiva de recortar una quinta parte del presupuesto coloca al sistema de salud en una encrucijada imposible. ¿Cómo se puede garantizar que el 10% del dinero vaya a Salud Mental cuando la base total se está achicando drásticamente? Los números no mienten y el impacto ya es visible en su desfinanciamiento. ¿Cómo trabajar en Salud Mental sin medicación?
Programas vitales como Remediar y SUMAR están en caída, dejando a las provincias sin el «combustible» básico para atender en los centros locales.
Los recortes en los programas de VIH, Cáncer y Enfermedades Cardiovasculares desplazan recursos esenciales, terminando por colapsar las guardias de salud mental que reciben lo que el sistema preventivo ya no puede contener.
El presupuesto 2026 desfinancia la actividad de «Apoyo y Promoción de la Salud Mental» (Programa 42), rompiendo la red de prevención integral en todo el país, lo cual constituye un abandono a las provincias.
¿Reforma real o «blanqueo» del abandono?
Analistas legislativos advierten que esta reforma corre el riesgo de ser una «ley de papel». Modificar los criterios de internación involuntaria (uno de los puntos más polémicos y peligrosos) es la única parte «gratis» del proyecto. Cambiar un texto legal no requiere presupuesto; pero construir la red de casas de convivencia, centros de día y cooperativas de trabajo que la ley actual ya exige, requiere una inversión que el Gobierno no está dispuesto a hacer.
Al facilitar el encierro y debilitar los controles de los Derechos Humanos, la reforma parece buscar una solución rápida y barata: ocultar el padecimiento detrás de los muros de un manicomio en lugar de invertir en la recuperación comunitaria.
El colapso del sistema privado: Una bomba de tiempo
¿Cómo está la atención de tu obra social o prepaga? ¿Cómo está la atención en salud en los centros y hospitales?
Hay una crisis terminal de las prepagas y obras sociales. Con el sistema privado en jaque, miles de usuarios migran al hospital público. Es el mismo hospital que hoy recibe la orden de ahorrar el 20%, el mismo que no tiene dinero para medicación básica y el mismo que aún no cuenta con los equipos interdisciplinarios completos.
En CABA, el 75,6% del presupuesto ejecutado en salud mental todavía se concentra en solo 4 hospitales monovalentes (manicomios), mientras que los dispositivos para vivir en la sociedad reciben apenas el 0,005%.
La ley se cumple, no se rompe
Mejorar la salud mental no es una cuestión internar involuntariamente o de cambiar artículos en una ley; es una decisión política que se mide en pesos y centavos. Si el ahorro fiscal es la prioridad absoluta, el derecho a la salud mental seguirá siendo una promesa postergada para la mayoría de los argentinos.
Modificar la ley hoy, sin presupuesto y bajo una lógica de ajuste, solo servirá para legalizar el descuido y retroceder 50 años en derechos humanos. Porque una ley sin presupuesto no es una solución, es un titular de diario para tapar el desamparo.
Lic. Gabriel Ciccone
MP 3820
Especialista en Psicología Sanitaria y
Referente del
