Caracas pidió a Unicef que intervenga en el caso de la niña venezolana retenida en Estados Unidos
Se trata de la niña de dos años que fue separada de su madre, Yorely Bernal, una migrante deportada a Venezuela.
Caracas pidió a Unicef que intervenga en el caso de la niña venezolana retenida en Estados Unidos
Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes
El Estado venezolano denunció este jueves ante Unicef el caso de Maikelys Antonella Espinoza, niña venezolana de dos años de edad retenida en Estados Unidos y alejada de su madre, Yorely Bernal, una migrante deportada a Venezuela por el Gobierno de Donald Trump.
Caracas considera que estas personas son víctimas de un secuestro y una separación forzosa.
A través de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, Estados Unidos justifica la separación de familias migrantes, de acuerdo con un amplio informe de la agencia de noticias Xinhua.
Anahí Arizmendi, presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), sostuvo un encuentro este jueves con delegados de Unicef en Caracas, donde exigió que se garantice el regreso inmediato de la menor a territorio venezolano.
A la reunión asistieron también la madre y la abuela de la niña, así como un funcionario del Ministerio Público, en respaldo a la solicitud formal de restitución familiar.
«El caso de Maikelys representa una grave violación a los derechos de la infancia», sostuvo Arizmendi ante medios locales tras el encuentro, y pidió a la comunidad internacional asumir una postura clara frente a estos hechos.
Caracas solicita a las instancias multilaterales tomar acciones urgentes para restituir el vínculo entre la niña y su familia.
Carta a Bukele de familiares de deportados
Una carta firmada por familiares de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y actualmente detenidos en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, fue difundida este jueves por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
En el texto, se exige al mandatario salvadoreño Nayib Bukele la liberación inmediata de los detenidos.
Los más de 100 firmantes calificaron como «arbitraria e ilegal» la reclusión de sus parientes y rechazaron que se pretenda usarlos como «fichas de canje», al considerar que no enfrentan cargos ni fueron sometidos a ningún tipo de proceso judicial en ese país centroamericano.
Aseguran que desde el 15 de marzo no tuvieron contacto con los detenidos ni han recibido información oficial sobre su estado o paradero.
El Gobierno venezolano ha expresado su pleno respaldo a los migrantes detenidos sin proceso judicial previo y a sus familiares, al tiempo que adelantó diligencias jurídicas ante distintos organismos judiciales y multilaterales para lograr la repatriación de esos ciudadanos.
