Cooperativas fantasmas: Orozco y Janina Ortíz acordaron con la Justicia y evitaron la cárcel
El exintendente de Las Heras y su pareja reconocieron los hechos investigados en el expediente por el presunto desvío de más de 35 millones pesos a la cooperativa Manos a la Obra. El acuerdo contempla penas de prisión en suspenso y evita el desarrollo de un juicio oral.
El exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su pareja, Janina Ortiz, llegaron a un acuerdo con la Justicia en el marco de la causa conocida como las “cooperativas fantasmas” y aceptaron su responsabilidad por los hechos investigados.
La resolución se produjo luego de que la defensa de ambos solicitara avanzar mediante un juicio abreviado, mecanismo que permite resolver el expediente sin la realización de un debate oral cuando existe reconocimiento de los hechos y acuerdo entre las partes.
La investigación está vinculada con el presunto desvío de 35.511.386,14 pesos de la Municipalidad de Las Heras hacia la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra, durante el período comprendido entre 2021 y 2023. Según la acusación fiscal, se habrían efectuado pagos por trabajos de limpieza que no se habrían realizado en las condiciones establecidas.
Las penas acordadas
La propuesta de la defensa contempló una pena de dos años de prisión en suspenso para Orozco y tres años de prisión condicional para Ortiz. En el caso de la exsecretaria de Gobierno de Las Heras, el acuerdo también comprende la causa en la que se encuentra imputada por amenazas coactivas contra una exempleada municipal.
Al tratarse de penas de cumplimiento condicional, ninguno de los dos deberá ingresar a prisión, siempre que cumpla con las condiciones que establezca la Justicia.
El acuerdo representa un cambio sustancial en la estrategia judicial de ambos dirigentes, ya que inicialmente la causa había sido elevada a juicio oral por decisión de la jueza Dolores Ramón, del Juzgado Penal Colegiado N° 1. La investigación tenía como eje la presunta utilización irregular de la cooperativa Manos a la Obra para canalizar fondos municipales.
Una causa que comenzó con un presunto desvío de fondos
El expediente se inició a partir de una investigación sobre contrataciones realizadas durante la gestión de Orozco en la Municipalidad de Las Heras. La Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Juan Ticheli, sostuvo que se habían utilizado distintos procedimientos administrativos para concretar transferencias a la cooperativa.
Además de Orozco y Ortiz, la investigación alcanzó al exsubsecretario de Políticas Sociales Osvaldo Oyhenart y a otros exfuncionarios y empleados municipales, quienes fueron señalados por distintos grados de participación en las maniobras investigadas.
La imputación contra Orozco y Ortiz estuvo relacionada principalmente con el delito de peculado, figura que contempla penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Del pedido de juicio a un acuerdo
El giro en el expediente se produjo inmediatamente después de que la Justicia resolviera la elevación a juicio de la causa. La defensa de Orozco y Ortiz planteó entonces la posibilidad de resolver el caso mediante un juicio abreviado, aceptando los hechos atribuidos y solicitando penas de cumplimiento condicional.
De esta manera, el acuerdo permitió evitar el desarrollo de un juicio oral que podía extenderse durante numerosas audiencias por la cantidad de testigos y elementos incorporados al expediente.
La causa de las “cooperativas fantasmas” se convirtió en uno de los principales expedientes judiciales derivados de la gestión municipal de Orozco, quien estuvo al frente de Las Heras entre 2015 y 2023.
En el caso de Ortiz, además de la causa por el manejo de fondos municipales, permanece el expediente relacionado con las amenazas a una exempleada, que también fue incluido en la propuesta de resolución mediante juicio abreviado.
Con el reconocimiento de responsabilidad y las penas acordadas, el expediente da un nuevo paso hacia su cierre judicial, aunque las consecuencias sobre la situación política y la eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos deberán determinarse conforme a los términos de la resolución judicial.
