DAS: el programa para agresores sexuales que funciona en las cárceles mendocinas
El dato significativo apunta a que quienes completaron el tratamiento no han registrado reincidencia por delitos sexuales en más de una década de desempeño. Un indicador que destaca el valor de este abordaje especializado.
El “Programa de prevención de la reincidencia de delitos de índole sexual”, de la Dirección de Agresores Sexuales (DAS), que se desarrolla en centros de alojamiento desde 2012, ha permitido que 167 personas privadas de libertad finalizaran su participación y completaran su abordaje terapéutico, no volviendo a ser condenados por delitos de este tipo.
Se trata de una intervención pionera en la provincia, basada en una metodología desarrollada originalmente en España y adaptada a la realidad social, jurídica y cultural argentina. Su objetivo principal es trabajar sobre los factores que favorecieron la conducta delictiva y brindar herramientas concretas para prevenir futuras agresiones una vez recuperada la libertad.
Actualmente, más de 200 personas privadas de libertad condenadas por delitos contra la integridad sexual participan voluntariamente de este programa especializado. Se trata de condenados por delitos de índole sexual como abuso sexual simple, abuso gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal y también casos vinculados al grooming.
Un tratamiento pensado para el después
A diferencia de otras intervenciones institucionales, este programa tiene la mirada puesta en el momento en que la persona regrese al medio libre. El delito sexual ocurre en la comunidad y, por lo tanto, la prevención de nuevas víctimas exige un trabajo previo de reflexión, responsabilidad y control de conductas.
Por esa razón, el tratamiento comienza en momentos específicos de la condena: tres años antes de que la persona pueda solicitar la libertad condicional en penas menores a quince años, o dos años antes de acceder a salidas transitorias en condenas más extensas.
Es importante destacar que la participación es estrictamente voluntaria. Entre los requisitos de ingreso se encuentran aceptar la responsabilidad sobre el delito cometido, reconocer dificultades vinculadas al control de los impulsos sexuales, contar con nociones básicas de lectoescritura y cumplir con determinados criterios temporales establecidos por el programa.
“Quienes ingresan al tratamiento y quienes lo finalizan no son las mismas personas. Se observa un cambio significativo en términos de responsabilidad, escucha, reflexión y comprensión del daño ocasionado”, explican los profesionales que integran el equipo terapéutico en contexto de encierro.
Crecimiento sostenido y actualización permanente
Cuando el programa comenzó a consolidarse, en 2016, apenas 20 personas participaban en los grupos terapéuticos. Hoy son más de 200 los internos incluidos en el dispositivo, lo que representa un crecimiento en la cantidad de participantes y refleja el fortalecimiento sostenido de la iniciativa durante los últimos diez años.
Actualmente se desarrollan alrededor de 30 grupos mensuales, integrados por entre seis y siete participantes cada uno, distribuidos en los distintos complejos penitenciarios de la provincia.
El equipo está conformado por tres psicólogos, una psicóloga y un psicólogo social, quienes sostienen procesos terapéuticos que pueden extenderse entre dos a tres años, lo que lo convierte en el tratamiento específico más prolongado que se desarrolla dentro del sistema penitenciario provincial.
Además del crecimiento cuantitativo, el programa experimentó una profunda actualización conceptual y metodológica. A lo largo de los años se incorporaron contenidos vinculados a la perspectiva de género, nuevas tecnologías, redes sociales, construcción de masculinidades, dinámicas relacionales contemporáneas y protección integral de niñas, niños y adolescentes.
El tratamiento está dividido en dos grandes momentos. La primera etapa, denominada “Toma de consciencia”, busca que la persona comprenda su propia historia, identifique los mecanismos psicológicos que favorecieron la conducta delictiva y reconozca el daño ocasionado a la víctima y a la comunidad. Se trabaja sobre pensamientos, emociones, mecanismos de defensa y procesos de responsabilización.
La segunda fase, llamada “Toma de control”, está orientada al aprendizaje de herramientas concretas para prevenir nuevas conductas abusivas. Allí se fortalecen habilidades vinculadas a la empatía, el autocontrol, la identificación de factores de riesgo y la planificación de estrategias para afrontar situaciones futuras.
Si bien el trabajo se realiza en modalidad grupal, cada participante desarrolla un proceso individualizado. Los grupos funcionan como espacios de intercambio y aprendizaje mutuo donde los terapeutas cumplen un rol de mediación, acompañamiento y confrontación terapéutica cuando resulta necesario.
Un compromiso sostenido con la seguridad pública
Actualmente, más de mil personas se encuentran privadas de libertad en Mendoza por delitos contra la integridad sexual. De ellas, algunas ya reúnen las condiciones temporales y los requisitos necesarios para participar en el programa específico.
Los niveles de asistencia y permanencia son elevados. La inasistencia reiterada o el incumplimiento de determinados módulos implican la exclusión del tratamiento, lo que fortalece el compromiso y la participación activa de quienes integran los grupos.
El Servicio Penitenciario mantiene además un trabajo articulado con jueces y fiscales, quienes frecuentemente solicitan información técnica sobre el desarrollo y los resultados de los tratamientos en el marco de audiencias vinculadas a beneficios.
En este sentido, el dato más significativo continúa siendo que, hasta el momento, ninguna de las 167 personas que completaron el programa ha reingresado al sistema por haber cometido de nuevo un delito sexual. Es un indicador que refuerza la importancia de seguir fortaleciendo este tipo de políticas orientadas a la protección de las víctimas, la seguridad pública y la construcción de una convivencia social más segura.
