Descalabro Administrativo: El Hospital Enfermeros Argentinos en la Mira del Tribunal de Cuentas.
Por Noe Escudero
El Tribunal de Cuentas de Mendoza ha terminado con la paciencia frente a la gestión del Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear. En un fallo ejemplar, el N.° 18.378 emitido el 24 de abril de 2026, se ha confirmado lo que era un secreto a voces: el descontrol absoluto en la administración de los fondos públicos bajo la dirección de Alejandro Daniel Torres.
Un «modus operandi» de irregularidades
La auditoría dejó al desnudo una gestión plagada de vicios administrativos en la contratación directa de un vehículo Renault Kangoo, por el cual se dilapidaron unos 18 millones de pesos durante 2024. Lo que el hospital llamó «urgencia» no fue más que una excusa para evadir los controles.
Ausencia total de transparencia: Las facturas abonadas no contaban con la imputación preventiva al inicio del período, y las definitivas se hicieron a posteriori, burlándose de las etapas legales del gasto público.
Contratos inexistentes: No hubo pliegos de condiciones ni contratos claros que protegieran los intereses del hospital.
Licitación evadida: Con un gasto de 18 millones, la contratación obligatoriamente debía ser licitada, superando ampliamente los límites permitidos para una contratación directa. Fue una decisión arbitraria.
Sin pruebas del servicio: El colmo de la irregularidad es que no existen certificaciones del área de movilidad, ni registros de kilómetros, ni hojas de ruta. Solo facturas mensuales por 4.000 kilómetros aprobadas caprichosamente por la Dirección.
La excusa inaceptable
La defensa de los funcionarios, alegando una urgencia por la devolución de una camioneta prestada, carece de todo sustento técnico. El Tribunal de Cuentas fue tajante: esa situación podría haber justificado una medida excepcional temporal, pero el desorden se prolongó hasta abril de 2025 sin que nadie se dignara a convocar a una licitación legítima.
Responsables señalados
El Tribunal no ha dejado dudas sobre quiénes son los responsables de este desmanejo:
Alejandro Daniel Torres (Director Ejecutivo): $900.000 de multa.
Juan Parola (Asesor Contable): $900.000 de multa.
Alberto Nieto (Tesorero): $900.000 de multa.
Juan Gili (Gerente Administrativo): $500.000 de multa.
Como máxima autoridad, Alejandro Daniel Torres es el principal apuntado, ya que, al firmar y conformar las facturas, avaló personalmente este procedimiento viciado que hoy queda en evidencia ante toda la sociedad.
