El Gobierno impulsa cambios en organismos clave y suma incentivos para inversiones

Lo hace a través de un proyecto de ley que presentó en la Legislatura, donde incorpora beneficios para inversiones productivas, redefine el rol del Estado en el financiamiento y ordena pasivos históricos. Adhesión al RIMI con más beneficios locales; refuncionalización del Fondo de la Transformación y el Crecimiento y del Instituto de Juegos y Casinos y cierre definitivo de los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos.

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley orientado a profundizar la modernización del Estado, mejorar la eficiencia administrativa y promover la inversión. La idea principal es transformar la administración pública provincial mediante el uso eficaz de los recursos, el saneamiento de activos históricos y la generación de un entorno más atractivo para el desarrollo económico.

La iniciativa contempla, en primer término, la adhesión de la Provincia al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), lo que plantea el Ejecutivo provincial como una decisión estratégica para atraer capitales nacionales y extranjeros en un contexto donde la competitividad resulta determinante. En ese sentido, sostiene que “Mendoza debe ofrecer herramientas que impulsen el desarrollo”, al tiempo que se destaca que los beneficios propuestos permitirán a las PyMES y MiPyMES mendocinas mejorar su capacidad productiva y generar empleo de calidad en sus respectivas zonas de influencia.

En segundo lugar, el proyecto propone la refuncionalización de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC). Señala que, tras más de 30 años desde su creación, el organismo ha visto reducida su disponibilidad patrimonial debido al agotamiento de los recursos extraordinarios que le dieron origen. En ese sentido, el Ejecutivo considera que el sistema financiero privado ha alcanzado un nivel de madurez que permite al Estado reorientar su rol hacia la corrección de fallas de mercado específicas.

Asimismo, la iniciativa faculta al Instituto Provincial de Juegos y Casinos a llevar adelante un proceso de reorganización con el objetivo de optimizar la gestión, racionalizar el uso de los recursos públicos y garantizar la sustentabilidad institucional y financiera. Esta medida se vincula con el impacto negativo derivado del siniestro ocurrido el 11 de marzo de 2026 en el complejo Tótem Boulevard, en San Martín, que destruyó por completo el Anexo Zona Este del Casino de Mendoza, provocó el cierre de la sala y la interrupción de sus actividades.

En este contexto, y considerando también los cambios tecnológicos y operativos en la industria del juego, el proyecto plantea la necesidad de “avanzar en un proceso de reorganización integral” del Instituto para adecuar su estructura a criterios de eficiencia, sostenibilidad y equilibrio económico.

Desde el Ejecutivo indicaron que la situación impacta en la recaudación, el presupuesto, la organización interna y la asignación de recursos, además de comprometer transferencias a salud, bibliotecas populares y rentas generales según la Ley Nº 7.314.

Por último, el proyecto establece el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes Nº 6276, Nº 6523 y sus modificatorias, mediante la liquidación de los activos que integran el patrimonio del ex EFOR, actualmente bajo la órbita de la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (D.A.A.B.O.).

En este punto, se remarca la necesidad de cerrar definitivamente los procesos de liquidación derivados de la privatización de los ex bancos. Según explica el Ejecutivo, esta decisión se toma teniendo en cuenta que existen carteras de créditos con más de 30 años de antigüedad que, en su mayoría, se encuentran prescriptos o corresponden a deudores en estado de insolvencia, lo que representa un costo para el Estado.

En esa línea, se plantea que la autorización de la baja contable en el sistema SIDICO y la cancelación de las garantías reales permitirá reinsertar a miles de deudores en el circuito económico y financiero, además de evitar eventuales demandas judiciales contra la Provincia por la falta de levantamiento de gravámenes sobre créditos ya extinguidos.