El Gobierno reglamentó la nueva Zona Fría y los mendocinos perderán descuentos en el gas
La nueva normativa elimina el acceso automático a los descuentos por ubicación geográfica y establece condiciones socioeconómicas para conservar la asistencia. Según estimaciones de Protectora, unos 222.000 hogares de Mendoza podrían quedar excluidos del beneficio.
El Gobierno nacional oficializó la nueva reglamentación del régimen de Zona Fría, que modifica las condiciones para acceder a los descuentos en las facturas de gas en Mendoza. A través del Decreto 1266/2026, publicado en el Boletín Oficial, comenzó a implementarse el esquema previsto en la Ley 27.828, que reemplaza el criterio territorial por un sistema de asistencia focalizado en los hogares que cumplan determinados requisitos.
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La modificación alcanza a una parte importante de los usuarios residenciales de la provincia. De acuerdo con datos de Ecogas difundidos durante el debate legislativo, 421.965 hogares mendocinos recibían bonificaciones bajo el sistema establecido en 2021. De ese universo, 218.922 contaban con una reducción del 30% y otros 203.043 obtenían un descuento del 50%. Ahora, las estimaciones de la asociación de consumidores Protectora señalan que cerca de 222.000 hogares podrían perder el beneficio.
Con el nuevo esquema, residir en una zona considerada fría ya no garantizará una rebaja en la boleta. Para mantener la asistencia, los usuarios deberán estar incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y cumplir con los criterios establecidos por las autoridades nacionales. Entre las condiciones figura que los ingresos netos familiares no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según los valores del INDEC. También se contemplan situaciones especiales vinculadas con el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, las pensiones vitalicias para veteranos de Malvinas y la presencia de integrantes con Certificado Único de Discapacidad.
Uno de los puntos particulares para Mendoza es que Malargüe mantendrá un tratamiento diferencial, al igual que la Patagonia y la región de la Puna. Para quienes dejen de recibir el descuento, el importe final dependerá de la bonificación que tenían, el consumo registrado y los demás componentes tarifarios. Como referencia, una factura de $30.000 con una reducción del 30% podría ascender a unos $43.000 si se elimina esa asistencia, mientras que la pérdida de un descuento del 50% podría llevarla a $60.000. Estos valores son ejemplos estimativos y no representan aumentos oficiales definidos por el Gobierno.
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La reforma también introduce límites en la aplicación de las bonificaciones: los descuentos adicionales por Zona Fría se calcularán únicamente sobre los consumos básicos contemplados en el régimen de subsidios. Por eso, los usuarios que mantengan la asistencia podrían afrontar importes diferentes si su consumo supera los volúmenes reconocidos. En cuanto al financiamiento, continuará vigente el fondo fiduciario que se nutre de un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, cuyos recursos se destinan a compensar a las empresas proveedoras.
Por último, el decreto modifica el mecanismo administrativo para distribuir esos fondos. Las distribuidoras deberán aplicar los descuentos y proporcionar la información necesaria, mientras que los organismos nacionales tendrán a su cargo la verificación de los datos y la determinación de las compensaciones. El Banco Nación seguirá administrando el fideicomiso y efectuará los pagos a las empresas. El nuevo régimen estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, y la Secretaría de Energía podrá establecer medidas complementarias para concretar su aplicación.