El Gobierno representó a víctimas de estafas con viajes en una causa que terminó con una condena de seis años
El Ministerio de Seguridad y Justicia intervino en la causa contra Pedro Dante Guillén, con 12 querellas constituidas y representación jurídica de la abogada Susana Soleti. El acusado aceptó los hechos y fue condenado a seis años de prisión efectiva.
El Ministerio de Seguridad y Justicia brindó representación jurídica a víctimas en la causa contra Pedro Dante Guillén por estafas vinculadas con la comercialización de paquetes turísticos. La intervención contó con 12 querellas constituidas y acompañó a los damnificados durante el proceso que concluyó este viernes con una condena a seis años de prisión efectiva.
La representación jurídica de las víctimas por parte del ministerio estuvo a cargo de la abogada Susana Soleti. Según la información actualizada, se constituyeron 12 querellas en la causa, que acompañaron el proceso judicial hasta la sentencia.
La condena fue dictada este 21 de agosto mediante juicio abreviado. Guillén aceptó los hechos atribuidos y la pena acordada, mientras que la Fiscalía solicitó seis años de prisión de cumplimiento efectivo.
Soleti explicó que, ante la imposibilidad del imputado de afrontar los costos o reparaciones patrimoniales reclamados por los damnificados, desde la representación de las víctimas se sostuvo el pedido de una pena de seis años de prisión efectiva.
“Ante la imposibilidad del imputado de asumir los costos o las reparaciones patrimoniales, solicitamos una condena de seis años de prisión efectiva. Entendimos que debía responder por el accionar que llevó adelante a sabiendas y que, por la cantidad de personas afectadas, correspondía una pena alta para este tipo de delito”, señaló Soleti.
Una causa por múltiples estafas
La investigación se inició en enero de 2025 a partir de denuncias relacionadas con paquetes turísticos que habían sido contratados durante 2024. El expediente reunió diez hechos de estafa, varios de los cuales involucraron a grupos familiares y numerosos pasajeros.
De acuerdo con la investigación, las operaciones correspondían a viajes a distintos destinos internacionales e incluían pasajes aéreos, traslados y alojamiento. Los damnificados realizaron pagos en pesos y dólares, tanto mediante transferencias como con entregas de dinero en efectivo.
Entre los hechos investigados figura la contratación de un viaje al Caribe para seis personas, por el cual se entregaron más de $12 millones. Otro de los casos correspondió a un paquete familiar con destino a México, con un perjuicio estimado superior a USD 7.000. La causa incorporó además una contratación para un grupo de 21 personas que viajaría a República Dominicana, por la cual se abonaron USD 63.250.
Según consta en la investigación, en enero de 2025, Guillén cesó las operaciones de la agencia y las personas que habían contratado los viajes quedaron sin recibir los servicios acordados. A partir de esa situación se sucedieron las denuncias que dieron origen a los distintos hechos incorporados a la causa.
Guillén fue detenido el 23 de enero de 2025 y permaneció privado de la libertad durante la investigación. A lo largo del proceso se realizaron distintas audiencias y se dispusieron medidas para mantener vigente la prisión preventiva.
Finalmente, la causa avanzó hacia un juicio abreviado. El acusado aceptó los hechos y la pena pactada de seis años de prisión efectiva y este viernes se dictó la sentencia condenatoria.
Acompañamiento y representación jurídica a las víctimas
La intervención en la causa forma parte de la política de asistencia integral a víctimas que lleva adelante el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Desde 2024, el ministerio fortaleció este abordaje para brindar asistencia psicológica, emocional y jurídica, además del seguimiento de las causas. Esta última herramienta permite acompañar a las personas damnificadas durante las distintas instancias del proceso y facilitar el acceso a información sobre el avance de sus expedientes.
En los casos que requieren patrocinio y reúnen las condiciones correspondientes, el ministerio brinda además representación jurídica. En la causa Guillén, esa tarea estuvo a cargo de Susana Soleti y alcanzó 12 querellas constituidas.
La intervención busca fortalecer el lugar de las víctimas dentro del proceso penal, garantizar su participación y acompañarlas hasta obtener una respuesta de la Justicia.
