En medio de protestas, Diputados dio media sanción a la reforma del Estatuto del Empleado Público
La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este miércoles, por mayoría, la iniciativa impulsada por el gobernador Alfredo Cornejo para modificar el régimen del empleo estatal. La sesión estuvo marcada por manifestaciones gremiales y un fuerte rechazo opositor.
La jornada legislativa de este miércoles estuvo atravesada por un fuerte clima de tensión. Afuera, en las puertas de la Legislatura de Mendoza, se manifestaron los principales gremios estatales contra la iniciativa. Adentro, los cruces políticos entre oficialismo y oposición marcaron una de las sesiones más ásperas del año.
Finalmente, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la reforma del Estatuto del Empleado Público, con el respaldo de 27 legisladores, incluidos los representantes de Cambia Mendoza, aliados y el diputado de Jubilados Auténticos, Edgardo Civit Evans. Hubo 16 votos en contra, todos de la oposición.
Fuerte choque político en el recinto
El oficialismo defendió la reforma como una herramienta para modernizar la administración pública, asegurar el ingreso por concurso y limitar la discrecionalidad política en los nombramientos. Desde el radicalismo remarcaron que los derechos adquiridos de quienes ya tienen planta permanente no se verán afectados.
En contraste, los bloques opositores cuestionaron tanto el contenido como la forma en que se trató la iniciativa. El diputado Jorge Difonso advirtió que la norma abrirá la puerta a una “catarata de juicios contra el Estado”. El Partido Justicialista, a través de su jefe de bloque Germán Gómez, acusó al oficialismo de avanzar con una ley que “atenta contra la estabilidad laboral” y que “no pudo ser mejorada en nada”. También José Luis Ramón denunció que se restringió la participación de los representantes sindicales en el debate.
Qué propone la reforma
La media sanción alcanzada en Diputados introduce cambios significativos en el régimen del empleo público:
- Reconocimiento de la figura del personal interino.
- Eliminación de los accesos hereditarios a cargos estatales.
- Pago de indemnizaciones en un plazo máximo de 30 días.
- Definición de los efectos de suspensiones y cesantías, diferenciando entre quienes poseen estabilidad propia y aquellos con estabilidad impropia.
- Reconocimiento de antigüedad solo en vínculos laborales con aportes previsionales.
- Aplicación de la Ley 9003 como procedimiento administrativo común y de la Ley 3918 para la vía procesal.
Rechazo sindical y plan de lucha
Las críticas no se limitaron al recinto. Afuera, se hicieron sentir la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la CTA, la CGT y la Ampros, entre otros. Los referentes gremiales aseguraron que la norma implica una pérdida de derechos, rebajas en indemnizaciones y una violación a la Constitución.
El titular de ATE, Roberto Macho, sostuvo que el objetivo del Gobierno es “eliminar la estabilidad laboral”. Por su parte, Gustavo Correa de la CTA defendió la necesidad de garantizar el resguardo institucional de los cargos públicos. Los sindicatos anunciaron una movilización a Casa de Gobierno para el jueves como continuidad del plan de lucha.
Lo que viene
El proyecto ahora deberá ser debatido en el Senado provincial, donde el oficialismo también tiene mayoría. Mientras tanto, los gremios intensifican las protestas y la oposición anticipa que buscará frenar la iniciativa en los tribunales.
