Mendoza consolidó junto al sector privado los avances del Plan Integral del Cobre

Bajo la Ley 9.447, la provincia sostiene una fuerte reducción de los delitos vinculados al cobre y otros metales no ferrosos, mientras incorpora nuevas estrategias frente a modalidades emergentes.

El Ministerio de Seguridad y Justicia realizó una nueva reunión del Plan Integral del Cobre con la participación de representantes de cooperativas eléctricas, empresas energéticas, organismos vinculados a servicios esenciales y autoridades policiales.

La actividad fue encabezada por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al director general de Investigaciones, José Vega; autoridades policiales y representantes de empresas y cooperativas de distintos puntos de la provincia.

El objetivo del encuentro fue fortalecer la coordinación público-privada para la prevención de delitos que afectan la infraestructura estratégica y los servicios básicos. “Este es un círculo virtuoso entre el sector privado y el Estado en la lucha contra el robo de transformadores y medidores. Es un plan que ha venido funcionando bien y eso es lo más importante que nos deja este encuentro”, afirmó Mercedes Rus.

Durante la jornada, se presentó un balance de la implementación de la Ley 9.447, la cual regula la compra, venta y comercialización de metales no ferrosos. Esta normativa estableció un sistema de trazabilidad y control sobre un mercado históricamente vinculado a hechos delictivos que afectaban redes eléctricas, servicios públicos, sistemas de riego, infraestructura ferroviaria y equipamiento urbano.

La funcionaria explicó que la disminución de este tipo de ilícitos también es percibida por las propias empresas: “El diagnóstico que tenemos sobre la baja en el robo de transformadores se refleja en lo que nos transmiten las empresas. Incluso, la Cooperativa Eléctrica del Este nos informó una reducción del 250% respecto del año pasado, y eso para nosotros es muy significativo”.

Rus señaló que uno de los principales objetivos del encuentro fue contrastar la información estadística con la experiencia cotidiana de quienes administran infraestructura crítica en distintos puntos de la provincia. En ese sentido, explicó que el trabajo conjunto permite no solo validar los resultados obtenidos sino también identificar nuevas modalidades delictivas y definir estrategias de intervención. “Estas reuniones son importantes porque nos permiten consolidar con el sector privado lo que muestran las estadísticas, pero también asumir los nuevos desafíos que presenta este delito. La dinámica criminal cambia permanentemente y necesitamos seguir adaptando nuestras herramientas de prevención, investigación y control”, sostuvo.

Reducción sostenida y estadísticas del impacto delictivo

Los resultados muestran una reducción sostenida de los incidentes asociados a este fenómeno. Según datos del Ministerio de Seguridad y Justicia, los hechos vinculados a la sustracción de cobre y otros metales no ferrosos disminuyeron un 78,4% entre 2024 y 2025, pasando de 2.285 a 494 incidentes.

Lejos de tratarse de una mejora circunstancial, la tendencia se mantiene durante 2026: entre enero y mayo se registraron 244 hechos, lo que representa un 82% menos que en el mismo período de 2024, cuando se habían contabilizado 1.370 casos. La baja comenzó a evidenciarse tras la reglamentación de la Ley 9.447 mediante el Decreto 250/24 y se ha sostenido en el tiempo.

El análisis de los elementos sustraídos permite dimensionar el impacto de esta modalidad delictiva sobre los servicios esenciales. Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el 71,2% de los hechos estuvo relacionado con el robo de cables, mientras que el 11,2% correspondió a medidores de gas, el 10,5% a medidores de agua, el 4,7% a transformadores y el 3% a medidores de energía eléctrica.

En materia operativa, desde la puesta en marcha del sistema de control se realizaron 170 allanamientos, se controlaron 83 comercios vinculados a la actividad, fueron detenidas 92 personas y se secuestraron más de 66.800 kilogramos de materiales asociados a distintas investigaciones.

Actualmente existen 14 establecimientos habilitados para la compra y venta de cobre y otros metales no ferrosos, mientras que otros dos se encuentran en proceso de habilitación. Además, la Dirección de Asesoría Letrada registra 21 actas de procedimiento vinculadas a controles realizados en el marco de la normativa.

Avances judiciales y causas en curso

Los avances también comenzaron a reflejarse en el ámbito judicial. Entre los antecedentes destacados figuran condenas a prisión efectiva por hechos vinculados al robo de medidores y una condena de 2 años y 1 mes de prisión efectiva por robo agravado. Asimismo, una causa por encubrimiento agravado por ánimo de lucro vinculada a la comercialización ilegal de metales tiene fecha de juicio prevista para agosto de este año.

En ese sentido, se obtuvieron condenas en investigaciones sobre la comercialización ilegal de cobre, entre ellas las conocidas como la causa de la “PyME del cobre”, desarrolladas a partir de allanamientos e investigaciones que permitieron identificar los lugares donde se comercializaba el material sustraído.

Presentación de autoridades de la DIILE y herramientas tecnológicas

Como parte de la jornada, la ministra presentó a las nuevas autoridades de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE), dependencia especializada que tiene a su cargo las investigaciones y controles relacionados con el cumplimiento de la Ley 9.447 y otras normativas especiales.

Rus remarcó que estos resultados responden a una estrategia integral que incluyó la sanción de una ley específica, su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo y la conformación de un equipo especializado dentro de la Policía.

Respecto de las herramientas implementadas, Rus indicó que Mendoza cuenta con una legislación específica que permite controlar de manera más eficiente el circuito de compra y venta de cobre: “Muchas provincias nos han pedido esta ley para replicarla en sus jurisdicciones. Nos permite auditar mejor el circuito comercial del cobre y le da a la Policía herramientas legales para realizar controles e inspecciones”, indicó.

Además, recordó que la creación de esta área especializada dentro de Investigaciones, dedicada a la aplicación de leyes especiales, no solo aborda los delitos vinculados al robo de cobre, sino también otras modalidades, como el robo de bicicletas. “No es lo mismo investigar el robo de una acometida que el de un transformador. Por eso esta unidad trabaja con conocimientos específicos sobre cada modalidad delictiva”, explicó.

La jefatura de la división quedó a cargo de la subcomisaria María Cecilia Hernández Fernández, licenciada en Seguridad Pública con más de 25 años de trayectoria en la Policía de Mendoza. Especializada en áreas técnicas e investigativas, cuenta con una amplia formación profesional y recientemente completó una capacitación de la Policía Federal Argentina en metodología para la evaluación de la credibilidad, comunicación no verbal, lingüística forense y perfilación criminal. La acompañará en la subjefatura el oficial principal Rodrigo Gonzalo Carrizo Fernández.

Estrategia integral y articulación público-privada

La funcionaria agregó que el plan también involucró a toda la Policía de Mendoza mediante capacitaciones específicas y un seguimiento permanente de los casos judiciales. “Hacemos un seguimiento de lo que ocurre con las personas aprehendidas en flagrancia robando cables o transportándolos, y mantenemos una comunicación permanente con el Ministerio Público Fiscal para que determinados hechos sean calificados con agravantes, como el escalamiento, porque no se trata de un robo común”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que estos delitos afectan simultáneamente a los vecinos, a las empresas prestadoras y al propio Estado. “No hablamos de un simple robo. Hay personas que se quedan sin electricidad, sin agua o sin gas, se perjudica a las empresas y también al Estado, que debe garantizar la prestación regular de esos servicios, por lo que se trata de una problemática que requiere una atención especial. Esa mirada también la compartimos y la trabajamos con el Ministerio Público Fiscal”, sostuvo.

Rus también remarcó la importancia de controlar toda la cadena comercial vinculada al cobre robado: “No solo está quien roba, también quien compra. Por eso era fundamental contar con una ley que permitiera controlar ese circuito económico”, expresó.

Tecnología y control del circuito ilegal

Para complementar estas tareas, actualmente se utilizan nuevas herramientas tecnológicas, como el ciberpatrullaje, para detectar la venta ilegal de luminarias y otros elementos sustraídos a través de redes sociales y plataformas digitales.

“También hacemos un seguimiento especial de esas publicaciones. Son herramientas que se suman al trabajo con cámaras de videovigilancia y los centros de monitoreo, que muchas veces alertan sobre robos de acometidas. Cuando la Policía está cerca puede llegar rápidamente y lograr aprehensiones en flagrancia. La tecnología también cumple un rol fundamental”, afirmó.

Articulación con el sector privado

Durante la reunión, los representantes de empresas, cooperativas y organismos vinculados a servicios esenciales coincidieron en que la reducción de los hechos se refleja en la operación cotidiana de sus servicios, aunque también plantearon la necesidad de continuar fortaleciendo los mecanismos de intercambio de información y el abordaje de nuevas modalidades vinculadas al robo de acometidas y otros elementos de infraestructura.

En ese marco, el presidente de la Cooperativa Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande, José Álvarez, resaltó que “es un trabajo que venimos realizando desde hace dos años atrás, donde venimos evaluando la evolución de los resultados, y en el sector de la cooperativa han sido positivos, ya que ha disminuido el robo de transformadores y del cobre asociado a estos hechos. Entendemos que el plan está funcionando y que se está trabajando de manera sostenida”.

Además, puntualizó que “vemos una mejora en la situación general, con una disminución de este tipo de delitos y un trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad y la Policía de Investigaciones, lo que nos permite avanzar con mayor previsibilidad en la prestación del servicio”.

Y concluyó: “Se han registrado resultados concretos del plan, con una reducción importante de estos hechos en nuestra zona de concesión. Incluso en los casos donde hubo aprehensiones, se ha avanzado en el proceso judicial con seguimiento de fiscalía y condenas, lo que genera un efecto preventivo y contribuye a que estos delitos hoy tengan un nivel de disuasión mucho mayor”.

Durante el encuentro participaron representantes de cooperativas eléctricas, empresas energéticas, Petróleos Sudamericanos, YPF, Belgrano Cargas y otras organizaciones vinculadas a la protección de infraestructura crítica, quienes analizaron mecanismos para profundizar el intercambio de información, fortalecer los controles y continuar reduciendo los delitos vinculados a la comercialización ilegal de metales no ferrosos.

La reunión ratificó la continuidad del trabajo conjunto entre el sector público y privado, una de las herramientas centrales impulsadas por Mendoza para abordar una problemática que históricamente generó importantes pérdidas económicas y afectaciones a servicios esenciales en distintos puntos de la provincia.