Pidieron que Orozco vaya a juicio por el fraude con las cooperativas truchas en Las Heras
El exintendente de Las Heras y su esposa enfrentan cargos por corrupción tras una maniobra que habría desviado fondos públicos usando una cooperativa inactiva. El fiscal Juan Ticheli pidió formalmente la elevación a juicio.
Mientras Daniel Orozco se unió a José Luis Ramón para volver a la escena política con su espacio “Creer en Mendoza, con vos”, la Justicia lo volvió a acorralar. El fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli, solicitó este viernes la elevación a juicio en la causa conocida como “cooperativas truchas”, en la que se acusa al exintendente y a su esposa, Janina Ortiz, de liderar una estructura delictiva que usó licitaciones manipuladas y contrataciones directas para desviar fondos municipales a través de una cooperativa fantasma.
La investigación sostiene que los hechos ocurrieron entre 2021 y 2023, cuando un grupo de funcionarios municipales ideó un sistema para obtener recursos públicos sin cumplir con los requisitos legales. El eje fue la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada, creada originalmente para tareas de reciclaje en el marco del Programa Las Heras Verde.
Según el fiscal, esta cooperativa se encontraba inactiva, pero fue reactivada de forma irregular para poder participar en procesos de licitación pública (N.º 1112 y 1127) y contrataciones directas (N.º 3086 y 3101), donde finalmente resultó adjudicada. A cambio, no habría prestado los servicios comprometidos, generando así un perjuicio al erario municipal.
Un mecanismo armado desde la cúpula
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, la orden inicial fue dada por el propio Orozco, quien pidió a sus subordinados que “regularizaran” la situación de la cooperativa para habilitar su participación. En esa tarea intervinieron directamente el jefe de Licencias de Conducir, Hernán Matías Mostaccio, y el agente contratado Juan Pablo Pandolfi, quienes gestionaron trámites ante INAES, AFIP y ATM para inscribir tanto a la cooperativa como a su titular formal, Adrián “Moco” Pérez.
El fiscal remarca que todo se hizo “a espaldas de los supuestos integrantes” de la entidad, dejando en evidencia que el fin era ocultar el verdadero objetivo: desviar fondos mediante procesos amañados.
Simulación de políticas sociales
Para dar apariencia legal a la maniobra, el entonces subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, argumentó que las contrataciones estaban destinadas a mejorar el servicio de limpieza y generar “empleo digno” para personas vulnerables. En ese contexto se iniciaron cuatro expedientes administrativos, dos licitatorios y dos por contratación directa, todos orientados a beneficiar exclusivamente a la cooperativa trucha.
Dos niveles de responsabilidad
La acusación distingue entre quienes ejecutaron el plan y quienes permitieron que ocurriera.
En el primer grupo figuran como coautores materiales:
- Daniel Orozco
- Janina Ortiz
- Osvaldo Oyhenart
- Y como partícipes necesarios:
- Hernán Mostaccio
- Juan Pablo Pandolfi
- Daniel Germán Herrera (contador)
- Adrián “Moco” Pérez
En el segundo grupo, apuntado por negligencia y omisión de control, se encuentran:
- Carlos Arturo Nofal (Hacienda)
- Mauro Sebastián Homan (Asuntos Legales)
- Mauricio Rafael Valle (Compras y Suministros)
- Leandro Tassi y Javier Tolín (Contaduría)
- Patricia Díaz (Tesorería)
Para Ticheli, todos ellos incumplieron sus funciones de supervisión y habilitaron el uso indebido de fondos públicos.
Etapa clave en el proceso
El pedido de juicio fue presentado ante el Tribunal Penal Colegiado, y ahora resta que se convoque a una audiencia de control. Sin embargo, los imputados pueden apelar el requerimiento y dilatar el proceso. La Fiscalía, por su parte, asegura que cuenta con pruebas suficientes para probar la responsabilidad penal de cada uno de los acusados.