Policías olvidados, una deuda silenciosa en Mendoza

Por: Stella Maris Rodriguez

Redaccion Otras Voces Mdz

En Mendoza, hay una realidad que incomoda y que, por eso mismo, muchas veces se elige no mirar. O, mejor dicho, hay dos realidades que conviven en tensión permanente. Por un lado, la que pregonan el Ministerio de Seguridad y el gobierno, con discursos de orden, estadísticas y gestión. Por el otro, la que viven en carne propia los policías, lejos de los anuncios y más cerca de las dificultades cotidianas.

Detrás del uniforme, hay hombres y mujeres que sostienen el sistema de seguridad en condiciones que rozan el desgaste extremo. Policías que no solo enfrentan el delito, sino también una estructura que parece haber dejado de escucharlos.

Muchos efectivos son trasladados a cumplir funciones en el Gran Mendoza desde lugares como San Rafael, Valle de Uco o La Paz. Esto implica recorrer cientos de kilómetros, asumir costos de traslado cada vez más difíciles de sostener y resignar horas —y a veces días— lejos de sus familias. El salario, lejos de compensar ese esfuerzo, se diluye entre pasajes, alquileres y gastos básicos.

Pero el problema no es solo económico. Es humano. Es el tiempo que no vuelve, los hijos que crecen a la distancia, los vínculos que se resienten. Es la carga emocional de sostener una doble presión: la del trabajo y la de una vida personal fragmentada.

A esta situación se suma un componente aún más grave: el abuso institucional. Las fuerzas de seguridad tienen prohibido manifestarse, denunciar públicamente o incluso quejarse sin exponerse a sanciones. Esta limitación, que debería resguardar la disciplina, en la práctica termina funcionando como un mecanismo de silenciamiento. Quienes atraviesan situaciones críticas quedan atrapados en un sistema donde hablar puede costarles su carrera.

Cuando estos policías buscan respuestas, muchas veces encuentran silencio. Los reclamos por traslados o condiciones laborales quedan atrapados en oficinas que no responden. La llamada asistencia al personal, que debería ser un sostén, termina siendo percibida como un espacio vacío, incapaz de dar soluciones reales.

Y mientras tanto, la presión se acumula. Económica, social, familiar. Una presión que no siempre encuentra salida. En algunos casos, el desenlace es el más doloroso de todos: el suicidio. Historias que rara vez se hacen públicas, que quedan sepultadas en el silencio institucional, como si nombrarlas fuera más peligroso que ignorarlas. Muchas de esas historias estuvieron precedidas por pedidos de ayuda que nunca obtuvieron respuesta.

La distancia entre esas dos Mendoza —la oficial y la real— no deja de crecer. Y en ese espacio, quienes quedan atrapados son precisamente quienes deberían ser cuidados.

No se trata de cuestionar la función policial, sino de reconocer que quienes la ejercen también son personas. Que necesitan condiciones dignas, contención real y, sobre todo, ser escuchados.

Porque una sociedad que exige seguridad no puede desentenderse de quienes la garantizan. Y porque el silencio, en estos casos, no es neutral: también es una forma de abandono.

Es momento de mirar de frente esta realidad y preguntarnos qué tipo de sistema estamos sosteniendo. Uno que cuida, o uno que desgasta hasta el límite a quienes deberían ser protegidos para que ellos nos protejan.

Callar ya no es una opción.