La Provincia enfrenta una demanda por $150 millones por las consecuencias de una libertad condicional otorgada por el juez Sarmiento
Los padres de un menor que presenció el asesinato del policía retirado Héctor Pelayes demandaron al Estado provincial por los daños psicológicos sufridos por el niño. El reclamo atribuye responsabilidad a la decisión judicial que permitió que Roberto Pereyra Cruz recuperara la libertad antes de cumplir su condena. Meses después, participó del violento asalto en el que murieron Pelayes y el propio delincuente.
La Provincia de Mendoza fue demandada por $150 millones por los daños y perjuicios sufridos por un menor que presenció el violento asalto ocurrido el 1 de septiembre de 2024 en Guaymallén, en el que fue asesinado el policía retirado Héctor Pelayes.
La acción judicial fue iniciada por los padres del niño contra el Estado provincial y quedó radicada ante el Tribunal de Gestión Asociada Primero. La demanda fue presentada en junio y ahora el Gobierno provincial fue formalmente notificado y cuenta con 20 días para responderla.
El planteo tiene un antecedente central: Roberto Pereyra Cruz, uno de los delincuentes que ingresó armado a la vivienda de Pelayes, se encontraba en libertad condicional por una decisión del juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento.
Pereyra Cruz había sido condenado a 11 años y seis meses de prisión por homicidio en ocasión de robo, una pena cuyo vencimiento estaba previsto para 2027. Sin embargo, en abril de 2023 Sarmiento le concedió la libertad condicional luego de declarar la inconstitucionalidad del artículo 15 del Código Penal. La demanda sostiene que el beneficio fue otorgado pese a la prohibición legal existente para ese tipo de delito.
El asalto que terminó con dos muertos
El 1 de septiembre de 2024, Pereyra Cruz y otro hombre ingresaron armados a la vivienda de la familia Pelayes con intención de robo. En el lugar se encontraba el menor que hoy da origen al reclamo, quien había ido a jugar con un niño de la familia.
Según reconstruye la presentación judicial, los asaltantes redujeron a quienes estaban en la casa y los amenazaron con armas de fuego. Pelayes, policía retirado, intentó repeler el ataque y se produjo un intercambio de disparos. Pelayes y Pereyra Cruz murieron durante el enfrentamiento, mientras que el segundo asaltante escapó.
El niño quedó expuesto a toda la secuencia. El informe psicológico incorporado a la causa señala que, luego del episodio, presentó indicadores de ansiedad, hipervigilancia, temor persistente, necesidad de protección y dificultades para dormir, además de afectaciones en su vida cotidiana.
Esos daños constituyen la base del reclamo económico contra la Provincia. Los padres solicitan una indemnización de $150 millones, más intereses y costas, y atribuyen lo ocurrido a una presunta “falta de servicio” en la prestación de Justicia.
Sarmiento fue sancionado por el Jury
La demanda incorpora como uno de sus principales fundamentos el Jury de Enjuiciamiento seguido posteriormente contra Sebastián Sarmiento.
En ese proceso se cuestionó, entre otras decisiones, la libertad condicional concedida a Pereyra Cruz. La acusación sostuvo que el magistrado se había apartado de la legislación vigente y que no había valorado ni refutado adecuadamente los informes criminológicos y las oposiciones existentes en el expediente.
En abril de 2026, el Jury resolvió sancionar al juez con una suspensión temporal de sus funciones sin goce de haberes. La resolución tuvo en cuenta el reconocimiento de los hechos, la calificación jurídica y la sanción por parte del propio magistrado.
Ahora, aquel episodio tiene una nueva consecuencia judicial: el Estado provincial deberá defenderse en sede civil de una demanda que busca responsabilizarlo económicamente por los daños que, según los padres del menor, derivaron de la decisión que permitió que Pereyra Cruz estuviera en libertad cuando ocurrió el asalto.
