No cumplir la ley, es delito:

El peligro de volver al encierro en Salud Mental

Por un sistema que cuide la dignidad, no que fabrique depósitos humanos.

Estamos ante un Poder Ejecutivo Nacional que desfinanció el hospital psiquiátrico Laura Bonaparte, que eliminó la residencia interdisciplinaria en salud mental, la obra social Incluir Salud está destruida, que no asigna los aportes económicos que corresponden a la salud, eliminó el programa de cardiopatías en recién nacidos, hay pocos remedios para combatir el cáncer en niños, no cumplen con la ley de financiamiento a personas con discapacidad, caso Fentanilo, etc. En resumen, no hay plata para inversión pública porque el presidente se autodefinió, orgullosamente, como “el topo que viene a destruir el Estado por dentro”. Solo mencionar la multicrisis por los muchos y variadas sospechas de corrupción en salud y discapacidad.

Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿por qué le interesaría la salud mental? ¿hay psiquiatras suficientes? (sabemos que no) ¿Existirá la intención de usar la internación involuntaria como modo de amedrentamiento y privación de la libertad a quienes piensen distinto? Como le pasó a Tanguito, por ejemplo.

En Argentina, existe un principio básico de convivencia: cuando una ley es difícil de cumplir, el Estado debe redoblar esfuerzos, inversión y gestión para hacerla realidad.

En contraposición, tenemos mucha experiencia sobre las consecuencias de un Estado que se niega a cumplir plenamente la ley.

Dicen “la ley no funciona” pero quién debe aplicarla, implementarla, o sea, “hacerla funcionar” es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué no se hizo lo que se tenía que hacer?

Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una propuesta alarmante: ante la falta de presupuesto, falta voluntad política, de pericia y de capacidad de gestión para aplicar la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, el camino elegido parece ser simplemente borrarla, destruir, retroceder a un modelo que el mundo ya declaró fracasado.

De «Sujeto de Derecho» a «Objeto de la Ciencia»

El cambio más invisible es el más peligroso. La ley actual entiende que cualquier persona, aun en una crisis, es un sujeto de derecho con alma, voluntad y dignidad. El nuevo proyecto amenaza con degradar al paciente a un simple «objeto de la ciencia».

Cuando una persona deja de ser tratada como alguien con voz, un tercero (un médico, un juez o familiares, jefes, amigos, policías, etc) recupera el poder absoluto de decidir sobre tu libertad.

Abrimos la puerta para el regreso a las historias trágicas como la de Natalia Kohen (Película 27 Noches), de Camille Claudel o Tanguito: personas cuya libertad fue arrebatada bajo el disfraz de una «protección» que en realidad era castigo, silenciamiento o amedrentamiento.

¿Nos olvidamos de los casos como el Próvolo en Mendoza, el cementerio en el Melchor Romero, los restos encontrados en Colonia Cabred? Víctimas del encierro y muertes en contexto de internación como la de Saulo Rojas, Ezequiel Castro. Producir discapacidad por estar internado como a Marias Mariño. Solo por mencionar algunos de los miles de casos similares.

El Manicomio como «Solución» Fácil

El aislamiento en instituciones cerradas no cura; cronifica el dolor y rompe los vínculos familiares. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es tajante: la atención en la comunidad es más eficaz y económica a largo plazo.

Reinstaurar el modelo hospitalocéntrico es volver a la lógica del «depósito». El peligro es claro:

• Internaciones como amedrentamiento: podría transformar la internación en un arma de privación de libertad arbitraria.
• Pérdida de interdisciplina: Se borra la mirada del psicólogo y del trabajador social para devolverle todo el poder al modelo médico-hegemónico, aumentando el riesgo de abusos institucionales por ser “objeto de la ciencia”.
• Discriminación territorial: Quienes tengan dinero pagarán tratamientos en las ciudades; los sectores vulnerables quedarán confinados a estructuras manicomiales obsoletas y lejos de sus casas por falta de inversión en dispositivos adecuados.

La Ley 26.657 exige que el 10% del presupuesto de salud se destine a salud mental. Al eliminar esta obligatoriedad (Art. 32), el Estado se desresponsabiliza de su deber de invertir.

Otro retroceso en el Artículo 4 amenaza con volver a transformar el consumo de drogas en un delito. Esto no solo no ayuda a la recuperación, sino que expone a los jóvenes a la brutalidad policial y a la violencia institucional, como hemos visto en casos recientes en la provincia de Córdoba.

Conclusión: La ley se cumple, no se destruye

¿Qué te pasaría a vos si no cumplis con la ley?

¿Por qué un Estado se erige la potestad de no cumplir con la Ley?

Modificar la ley porque el Estado no quiso financiarla y aplicarla plenamente en 15 años es, esencialmente, legalizar un incumplimiento. No se trata de un debate técnico; se trata de si queremos una sociedad que acompañe el sufrimiento humano con amor, solidaridad y comunidad, o una que oculte a los «diferentes» detrás de muros de cemento.

No cumplir la ley es un delito contra la dignidad humana. No permitamos que el progreso en la dignidad de las personas se convierta en una página arrancada de nuestra historia.

Lic. Gabriel Ciccone

MP 3820

Especialista en Psicología Sanitaria